Fue en su momento acusada de liderar una "empresa delictiva" que cometía múltiples delitos abusando del poder. Sus dos socios en las jefaturas ya confesaron y fueron condenados
En horas del mediodía de este jueves, en los Tribunales de Rafaela, dieron a conocer el veredicto en el marco del juicio oral y público que se desarrolló contra la exjefa de la Comisaría Nº 6 de la ciudad de Frontera, María Silvina Asís, acusada de formar parte de una grave trama delictiva montada desde las cúpulas policiales.
A diferencia de los otros dos jefes implicados en la causa -Gastón Eletti (ex-responsable de la Zona de Inspección Nº 5) y Juan Manuel Villafañe (numerario de la Brigada Motorizada)-, quienes decidieron esquivar el debate público reconociendo sus culpas en un juicio abreviado donde recibieron condenas de 7 y 3 años de prisión respectivamente, Asís rechazó esa alternativa.
La Fiscalía le atribuyó los delitos de asociación ilícita, apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y falsificación de documento público, entre otros cargos.}
La investigación penal, llevada adelante originalmente por la fiscal Gabriela Lema -titular de la Sección de Violencia y Corrupción Institucional de la Fiscalía Regional 5 del MPA-, logró determinar que entre el 21 de septiembre de 2020 y el 1 de febrero de 2022, las dependencias policiales de Frontera y Josefina funcionaron prácticamente como una organización delictiva paralela.
Para la teoría del Ministerio Público de la Acusación, la estructura estaba organizada de manera vertical por Gastón Eletti y María Silvina Asís. Aprovechándose de las facultades, el poder y los cargos que ostentaban, ambos jefes «organizaron y direccionaron los ‘Recursos Públicos’ bajo su administración, para montar la empresa delictiva».
La red de corrupción contaba además con la complicidad operativa de Villafañe y de otros diez oficiales y suboficiales que prestaban servicios en la Comisaría N° 6, la Subcomisaría N° 8 de Josefina y el Destacamento N° 6 de Barrio Acapulco (identificados en la causa como Daniel Alberto M.; Carlos Yamil N.; Diego Leandro R; Brian Emanuel F.; Fabián Luis V.; Mauricio C.; Maximiliano H.; Ariel Gaspar F.; Leonardo B. F. y Matías Mario D.).
«Esto genera que la persona que está individualizada por el personal policial y que tiene la obligación de perseguirlo penalmente, siga en libertad y puede que cometa más hechos. Eso provoca, indefectiblemente que haya mayor inseguridad, afectando a los ciudadanos», había denunciado detalladamente la fiscal Lema al explicar cómo los jefes cobijaban la impunidad a cambio de dádivas o «coimas».
Las evidencias reunidas por el MPA incluyeron un arsenal de escuchas telefónicas, denuncias de las víctimas, declaraciones y filmaciones. Según los expedientes, la organización se dedicaba de forma «habitual y continua» a cometer exacciones ilegales (exigir dinero a particulares para realizar o trabar el trabajo policial), encubrimiento agravado y falsedad ideológica, llegando incluso al secuestro coactivo agravado.
La causa entró luego en su etapa más decisiva. Sentada en el banquillo, la exjefa policial debía responder por cada uno de los 13 hechos delictivos cometidos bajo el ejercicio abusivo de sus funciones, en un proceso judicial que generó una enorme expectativa en toda la comunidad de la frontera cordobesa-santafesina.
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