Se trata de Emilio Alberto Paglia de 44 años. Junto con otras ocho personas defraudaron a la compañía por un total de 271.083.520,46 pesos, monto que actualizado por la inflación asciende a más del triple en la actualidad. Las maniobras incluyeron la adulteración de registros contables, falsificación de cheques y su libramiento direccionado a personas que no brindaron contraprestación alguna a la firma. La fiscal que investigó los ilícitos es Bárbara Ilera
Un hombre de 44 años identificado como Emilio Alberto Paglia fue condenado como organizador de una asociación ilícita que estafó a una empresa constructora en la ciudad de Santa Fe. Se le impuso una condena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo.
La sentencia fue dispuesta por la jueza Susana Luna, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
La fiscal Bárbara Ilera lleva adelante las diligencias del caso.
Según precisó la fiscal del MPA, «las defraudaciones fueron por un total de 271.083.520,46 pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a más del triple».
“Con el avance de la investigación, detectamos dos momentos bien diferenciados en la maniobra delcitiva”, detalló. “Un primer estadío entre junio de 2022 y enero de 2023, en el que sólo intervinieron Paglia, Lucila Palao Chiartano y Carlos Alberto Ceccone de manera desorganizada”, informó.
Ilera puntualizó que “el segundo momento comenzó en enero de 2023 y se extendió hasta agosto de ese año”, e informó que “como el ardid no era advertido, Paglia asumió la organización de la asociación ilícita y reclutó otras personas, lo que le permitió ampliar la maniobra para diversificar la salida de dinero y, de esa manera, dificultar el descubrimiento del delito”.
La fiscal indicó que «la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante un año y dos meses, a partir de una modalidad delictiva que fue diseñada por Lucila Palao Chiartano, quien era la tesorera de la empresa y ya fue condenada».
«En reiteradas oportunidades, la mujer sustrajo cheques de los que era titular la constructora, falsificó la firma del presidente de la compañía e insertó como beneficiarios a los otros organizadores y a los miembros de la banda delictiva», especificó Ilera.
Además, planteó que «la tesorera modificó registros contables para que en el sistema informático empresarial figurara que las chequeras habían sido utilizadas para saldar deudas con proveedores reales, lo cual no era cierto», y agregó que «para evitar ser descubierta, luego canceló las supuestas operaciones».
«Por su parte, los miembros de la asociación ilícita recibieron los cheques adulterados a sabiendas de su procedencia ilícita», resaltó la representante del MPA. «Los presentaron al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaron de manera cruzada a favor de otras personas», explicó. «Ninguno de ellos brindó contraprestaciones por los pagos que aceptó», destacó.
En cuanto al origen de la investigación, puntualizó que «los directivos de la empresa constructora en principio denunciaron a la tesorera por tentativas de estafa y falsificación de firma y, tras realizar una auditoría interna, advirtieron que las maniobras defraudatorias habían sido más graves de lo estimado inicialmente». Al respecto, valoró que «la constructora aportó documentación valiosa para esclarecer lo sucedido».
Paglia también fue condenado por otros tres hechos ilícitos.
El primero de ellos fue el 22 de julio de 2023. “Amenazó de muerte a dos personas a quienes les exhibió un arma de fuego, accionó la corredera para cargarla y le apuntó a una de ellas”, relató el fiscal.
“La pena también se le impuso por una serie de amenazas reiteradas en perjuicio de otra víctima”, sostuvo Ilera y hizo hincapié en que “fueron cometidas entre agosto de 2023 y marzo de 2024”.
Finalmente, el último ilícito fue el 20 de febrero de 2024. “El condenado fue a la casa de un hombre al que le mostró un arma de fuego, le exigió la entrega de 10 millones de pesos y lo amenazó de muerte”, concluyó.
Paglia reconoció expresamente su responsabilidad penal como organizador de la asociación ilícita; coautor de estafas reiteradas (dos hechos); autor de coacciones calificadas (por el uso de arma de fuego); autor de amenazas en reiteradas oportunidades y autor de amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego)
Junto con su abogado defensor, el condenado manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos por el MPA, las calificaciones legales, la pena solicitada y el procedimiento abreviado elegido.
Paglia reconoció expresamente su culpabilidad en los hechos ilícitos por los que fue acusado: organizador de una asociación ilícita y coautor de estafas reiteradas; autor de coacciones calificadas (por el uso de arma de fuego), amenazas y amenazas calificadas (por el uso de arma de fuego)
Por otra parte, junto con su abogado defensor aceptaron las calificaciones legales atribuidas por la Fiscalía; el monto de la pena impuesto y el procedimiento abreviado elegido.
El MPA también informó a la empresa MEM Ingeniería, la cual se constituyó en querellante. El abogado de la compañía manifestó su conformidad con lo resuelto.
Lucila Maite Palao Chiartano fue condenada a cuatro años de prisión efectiva y se le decomisó un auto marca Honda modelo CRV. Por su parte, Carlos Alberto Ceccone fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo.
Daniel Luciano Torres, Daiana Romina Baudino, Mariano Javier Martínez, Silvio Bersezio y Lucas Pruvost fueron condenados a tres años de prisión condicional y también debieron pagar una multa de 90.000 pesos cada uno, tal como lo establece el Código Penal de la Nación.
Además, a Torres se le decomisó un vehículo marca Toyota modelo Yaris que fue cedido a la empresa perjudicada. Martínez entregó a la compañía una camioneta Volkswagen Amarok y donó un Fiat Idea al Ministerio de Seguridad de la provincia. Berzesio cedió una camioneta Toyota Hilux, debió donar 60.000 pesos a la Asociación Civil La Casa de Juan Diego y se le decomisó una pistola de dos cañones calibre 22. Por su parte, Pruvost entregó 22.000 dólares a la compañía y realizó una donación de 100.000 pesos al Hospital de Niños de Santa Fe.
Por último, se realizó la suspensión de juicio a prueba por dos años para María Gisel Gontero, quien también debió reparar a la empresa con 5.000.000 de pesos y tuvo que pagar la multa de 90.000 pesos que establece el Código Penal de la Nación.
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