El Tribunal Federal de Rosario aceptó un acuerdo abreviado que penó al uniformado a 2 años y medio de prisión condicional e inhabilitación por abuso de autoridad, hurto agravado y coacciones, por sustraer el dinero durante una requisa disfrazada de operativo de control a una pareja con sus hijos menores en la zona norte. Otros tres gendarmes ya habían sido penados
Un gendarme fue condenado este martes por la Justicia Federal de Rosario por robar, junto a tres colegas ya penados, más de un millón de pesos a una familia cuando en julio pasado simularon un control vehicular en Nuevo Alberdi. La sentencia se dio en el marco de un acuerdo abreviado donde el acusado reconoció su responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad en concurso real con hurto agravado por ser cometido por funcionarios públicos, y autor de coacciones.
La audiencia de juicio abreviado se llevó a cabo este martes en los Tribunales Federales de Rosario donde el juez federal de Garantía, Román Lanzón, homologó el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa.
El acusado, identificado como Santiago Romero, fue sentenciado a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
El fiscal federal Federico Reynares Solari, titular del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, estuvo a cargo de la acusación.
Reynares Solari le atribuyó a Romero y a otros tres gendarmes el hurto cometido el 22 de julio de 2025, a las 22.45, en Bouchard y Servellera, de barrio Nuevo Alberdi de zona norte.
La causa del MPF reconstruyó que, ese día Romero junto a los también gendarmes Alejandro Pacheco, Carla Santillán y Diego Torales, abusaron de su autoridad al obligar a un hombre y a su pareja, junto a sus dos hijos (de seis años y siete meses), a descender de su vehículo para una requisa. Esta acción fue ejecutada sin motivo legal, afectando el correcto funcionamiento de la administración pública, resaltó el fiscal en la acusación.
Inmediatamente después, mientras requisaban el rodado familiar, uno de los funcionarios se apoderó ilegítimamente de dinero que la familia llevaba. Luego, los gendarmes se subieron a la camioneta oficial y se retiraron a toda velocidad.
En ese momento, las víctimas denunciaron lo sucedido en el puesto de GNA, ubicado en Sorrento y Cullen. En ese sentido, las autoridades de la fuerza federal convocaron a las unidades de Gendarmería a la base de la fuerza en el Club Atlético Sparta (Machain y Maciel). Al momento en que se presentaron los cuatro gendarmes señalados, los denunciantes los reconocieron como quienes les habían sustraído el dinero.
Las evidencias y requisas posteriores revelaron que el total de lo sustraído superaba el millón de pesos. Específicamente, 761.200 pesos se hallaron en el auto particular de uno de los acusados, 57.700 pesos en el vehículo de otro y 235.000 fueron encontrados en el baño del destacamento de Gendarmería, luego de que uno de los uniformados hubiera pasado por allí.
La Fiscalía le atribuyó, además, el delito de coacción, debido a que, testimonios señalaron que, en su rol de autoridad, amenazó a las víctimas con la promesa de devolver el dinero robado, siempre y cuando desistieran de formalizar la denuncia.
Cabe destacar que, respecto de los gendarmes Pacheco, Santillán y Torales, ya se había homologado otro acuerdo pleno por este mismo delito, donde resultaron condenados a 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, como coautores de abuso de autoridad en concurso real con hurto agravado.
Como parte de los acuerdos, todos los imputados deberán cumplir reglas de conducta durante dos años, y tendrán que abonar a las víctimas la suma de 50.000 pesos en concepto de reparación.
El fiscal Reynares Solari destacó la importancia de la intervención del fuero federal, que sucedió tras una solicitud de competencia formalizada el 5 de agosto pasado ya que la causa comenzó a tramitarse en la Justicia provincial.
En ese sentido, subrayó que “se empieza a plasmar en la jurisdicción un cambio de temperamento institucional: el MPF va a defender, cuando corresponda, la competencia federal y su capacidad de intervenir en múltiples conflictos”.
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