La justicia Civil y Comercial les ordenó prevenir más daños ambientales y recomponer los ya causados por los vertidos residuales en el llamado zanjón que atraviesa la reserva natural y el propio curso de agua
La jueza del Juzgado de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13° Nominación, Verónica Gotlieb ordenó a seis empresas con plantas a la vera del arroyo Saladillo que adecuen sus procesos de gestión de efluentes a la legislación vigente tras una demanda civil elevada por la Fiscalía Extrapenal de Rosario. Se trata de firmas instaladas en el polo industrial de Villa Gobernador Gálvez que, de acuerdo a la resolución judicial, no hacen tratamiento de esos residuos como marca la ley.
Las empresas condenadas son la procesadora de subproductos de origen animal Euro SA con su establecimiento denominado “Aquiles”, la elaboradora de químicos para el hogar y la industria Total Química SA, la productora de tripas naturales bovinas, porcinas y ovinas Shorton Argentina SRL, el frigorífico Mattievich SA – Subproductos Ganaderos Rosario, la firma Baños Químicos (de Sebastián Peralta y Mauro Michelotti) y la consultora de medio ambiente Reciclar SRL o Reciclarte SRL.
La magistrada, en su fallo, dispone un cronograma de acciones en el que debe participar la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe. La instancia y control de la ejecución de la sentencia, sigue el texto, estará a cargo de la Fiscalía que interpuso la demanda y el propio Juzgado. Las tareas de saneamiento deberán ser costeadas por las empresas. El fallo, sin embargo, puede ser apelado por las demandadas ante la Cámara civil.
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Gotlieb reconoció la legitimidad de la fiscal María Laura Martínez para accionar en defensa de los intereses generales en materia ambiental, y la gratuidad para el acceso a la justicia como para la tramitación de procesos ambientales según determina la ley orgánica del Poder Judicial de Santa Fe (10.160). Y bajo el precepto expreso de “quien contamina, paga”, la resolución admite el pedido de la Fiscalía para que se ordene a las empresas, por un lado, prevenir daños ambientales. Y además, recomponer los ya causados por el volcado de efluentes, lo que implica volver al estado previo a la contaminación todo el ecosistema de la reserva natural y de la parte afectada.
La jueza remitió su decisión a la resolución 1089/1982 y el decreto 101/2003.
La contaminación en la Reserva Natural de Villa Gobernador Gálvez fue puesta en agenda desde 2020 por la Asociación Amigos de la Reserva Natural, que comenzaron entonces una vigilancia ambiental centrada en el llamado Zanjón, un aliviador pluvial que nace al oeste de la avenida San Martín y desemboca en el Saladillo atravesando la reserva, y el propio arroyo.
Después de varias denuncias públicas, intervino el Ministerio Público de la Acusación a través de la fiscal Martínez, quien elevó el pedido que la jueza Gotlieb receptó.
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