Así lo resolvieron por unanimidad los camaristas Roberto Reyes, Fernando Gentile Bersano y Cristian Fiz, quienes avalaron la postura de la Fiscalía y rechazaron los agravios de la Defensa. Uno de los condenados es la expareja de la víctima, quien cumple una pena de 15 años de prisión, mientras que los otros dos son el excuñado y la exsuegra de ella, a quienes se les impusieron ocho años de prisión para cada uno. La fiscal Jorgelina Moser Ferro y el fiscal Matías Broggi representaron al MPA en el juicio oral y en la audiencia de apelación
Un tribunal de segunda instancia confirmó por unanimidad las condenas impuestas a tres personas que intervinieron en la explotación sexual de Mónica Aquino en la ciudad de Santa Fe. Se trata de un hombre que fue pareja de la víctima, Hugo Jesús Pérez, quien debe cumplir 15 años de prisión; así como del excuñado y la exsuegra de la mujer que fue sometida, Mario Daniel Pérez y María Rosa Aguirre, cada uno de los cuáles recibieron penas de ocho años de prisión. Mientras tanto, los familiares y allegados de Mónica Aquino siguen buscando a la mujer, desaparecida desde el 5 de mayo de 2023
Los camaristas que ratificaron la sentencia son Roberto Reyes (presidente del tribunal), Fernando Gentile Bersano y Cristian Fiz. El fallo de primera instancia había sido dispuesto en el marco de un juicio oral desarrollado en diciembre del año pasado y los abogados defensores de los condenados lo habían apelado. Por su parte, los jueces de la Alzada rechazaron todos los agravios defensivos y avalaron la postura de la Fiscalía.
La fiscal Jorgelina Moser Ferro y el fiscal Matías Broggi, de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1, representaron al MPA en el juicio oral y en la audiencia de apelación. Previamente, la fiscal Alejandra Del Río Ayala estuvo a cargo de la investigación penal.
En tanto, Moser Ferro y Broggi indicaron que “valoramos que la Alzada haya confirmado las condenas impuestas a las personas que obligaban a prostituirse a Aquino”. Recordaron que “ella desapareció en mayo de 2023 y su búsqueda continúa activa”, y agregaron que “en relación a esa situación, los jueces de la Alzada escucharon a la madre de la víctima en la audiencia”.
Los funcionarios del MPA señalaron que “los camaristas destacaron que en primera instancia se ‘ha realizado un pormenorizado análisis de las pruebas de cargo colectadas, consistentes en declaraciones de testigos que de algún modo han observado, oído, y conocido la actividad ilícita de los inculpados por boca de la propia víctima antes de que desapareciera, sin que aparezcan ni mínimamente conjeturas siquiera de que alguno de tantos testigos que depusieron en el juicio tuviera animosidad alguna para perjudicar en forma mendaz y perversa a los procesados’, que es lo que planteaban sus abogados defensores”.
Por otro lado, Moser Ferro y Broggi precisaron que “los magistrados que revisaron el fallo recurrido estuvieron de acuerdo con las calificaciones penales de los hechos ilícitos y manifestaron que los montos de las penas impuestas son proporcionales a las conductas delictivas”.
Moser Ferro y Broggi recordaron que “la víctima fue obligada a intercambiar sexo por dinero con personas indeterminadas en las intersecciones de las calles San Lorenzo y Amenábar y Moreno y Urquiza”. En tal sentido, remarcaron que “su expareja la trasladaba a esos lugares, controlaba sus movimientos y le impedía vincularse con su familia de origen”.
Asimismo, especificaron que “las tres personas condenadas se apoderaban del dinero que resultaba de la actividad sexual que la víctima era obligada a ejercer”, y agregaron que “actuaron de esa manera durante años, de forma regular y en conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la mujer que ahora está desaparecida”.
La expareja de Aquino fue condenada por la autoría del delito de promoción de la prostitución ajena agravada y explotación de la prostitución ajena agravada.
En cuanto al excuñado y a la exsuegra de la víctima, se les impuso la condena por la autoría del delito de explotación de la prostitución ajena agravada.
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