Por: Alberto Furfari- Versión Rosario
a Justicia rosarina condenó a un banco por una estafa virtual a una jubilada. En total deberá pagarle $45.000.000, más los intereses. Por daño moral tiene que abonarle $9.675.000, por daño material $4.100.000 y por daño punitivo 20 canastas básica para el hogar 3 que difunde el INDEC, que suman unos $30.000.000.
La mujer cobra su jubilación en la entidad bancaria y aseguró que mediante maniobra de estafa virtual la desapoderaron de poco más de 5.000.000 millones de pesos. Tiene 2 cajas de ahorros, pero una está inactiva desde el 2022 cuando falleció su esposo.
Destacó que todas las transferencias, débitos y créditos fueron realizados en el término de tres días, por montos inusuales al tráfico de dichas cuentas, a destinatarios extraños a la operatoria habitual y que fueron dados de alta en un solo día.
En relación al préstamo de $285.000, otorgado el 27 de mayo de 2022, afirmó que nunca autorizó ni expresa ni tácitamente ningún otorgamiento de crédito. Añadió que pese a ello el crédito fue aprobado, autorizado y acreditado por el Banco en su cuenta, fondos que una vez depositados se transfirieron “fraudulentamente” a otras cuentas.
La mujer señaló que de la Consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero del BCRA en el período 05/2022 estaba en Situación 1 por una monto de $287.000, mientras que el mismo informe al 07/2022 registró un monto cero. Explicó que ello ocurrió porque el banco canceló el préstamo.
El Banco al contestar la demanda sostuvo que los hechos relatados por la clienta no son ciertos, y explicó que las transferencias electrónicas solicitadas y aceptadas fueron efectivizadas mediante la utilización de sus claves, las cuales son personales, intransferibles e indelegables.
El dictamen del perito informático puntualizó que se adhirieron, por lo menos, diecisiete cuentas bancarias a la cuenta de la mujer entre las fechas 26 y 27 de mayo de 2022, muchas de ellas efectuadas en cuestión de minutos; se produjeron errores de validación en algunas operaciones de adhesión, relacionados a la aprobación del doble factor de autenticación y las operaciones tuvieron lugar en la Ciudad de Buenos Aires, acorde a la geolocalización de las direcciones IP.
Asimismo, el perito informó los nombres utilizados para agendar a los contactos a los que luego se les hacía la transferencia, los que resultan sumamente llamativos porque no responden a nombres y apellidos sino a frases tales como “Pagaa”, “Paraaa”, “Paraaaaaaa”, “Peroo”.
Agregó que se realizaron con éxito, por lo menos, cuarenta y un operaciones por un monto total estimado de $5.173.000.
El juez en lo civil y comercial, Ricardo Ruiz, manifestó que el Banco Central impone a los bancos contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de la operación y transacciones informáticas y señaló que las entidades deben prestar atención al funcionamiento de las cuentas con el propósito de evitar que puedan ser utilizadas en relación con el desarrollo de actividades ilícitas.
