Lo sentenciaron por hechos delictivos cometidos mientras hacía tareas de patrullaje en un móvil del Comando Radioeléctrico. Reconoció que le pidió dinero a un integrante de la banda que regentea Mauro Gerez en Ludueña y a una mujer que se descompensó, fue hospitalizada y murió ocho días después
Un empleado policial y abogado fue condenado, a través de un procedimiento abreviado, a 3 años y 4 meses de cárcel por amedrentar a un joven vinculado con la banda regenteada por el pesado de Ludueña Mauro Gerez a cambio de una suma de dinero para dejarlo ir y por hacer lo mismo con una familia que viajaba rumbo a Buenos Aires, donde una de sus integrantes sufrió una descompensación y terminó internada. El acusado fue sentenciado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, concusión agravada y portación.
El primero de los hechos imputados ocurrió la madrugada del 19 de noviembre del 2021 cuando Jorge Russe se encontraba en servicio con un compañero, identificado como Diego Eduardo Barragan. Transitaban en un móvil del Comando Radioeléctrico cuando interceptaron la marcha de un Renault 19 en el que se trasladaba una familia que venía desde la ciudad de Santa Fe rumbo a Buenos Aires. Les exigieron dinero a cambio de no remitir el auto al corralón y la detención de los ocupantes del coche con el argumento de que infringieron restricciones legales impuestas en relación a la pandemia, contó el fiscal Federico Rébola.
En esas circunstancias la acompañante del conductor se descompensó y debió ser trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, custodiado por los acusados. Una vez en el hospital los imputados se aproximaron a la víctima, esposo de la mujer, manifestando que arreglaría todo y se retiraron del lugar.
En el acta decía que la mujer se descompensó cuando los estaban identificando. La víctima, de 44 años, sufrió un pico de hipertensión que le generó un ACV y falleció tras sufrir una falla multiorgánica ocho días después en el hospital, contó una fuente fiscal.
Otro de los hechos imputados ocurrió la noche del 18 de agosto del 2022 cuando Jorge Russe y su compañero Ricardo Páez iban a bordo de un móvil del Comando Radioeléctrico y detuvieron la marcha de un auto en Rubén Darío y Florida.
En el interior iba Jonatan Almada y su novia Magalí. El primero es hijo de un comisario retirado y vinculado a la banda de Mauro Geréz, quién se encuentra detenido y supo disputar territorio en la zona norte con Francisco “Fran” Riquelme . Tras una serie de allanamientos en unos días después del hecho fue detenido. De las comunicaciones telefónicas surgió la comisión de este delito, explicó la fiscalía.
Resulta que tras la detención policial del Ford Fiesta en la zona norte ese 18 de agosto, los uniformados comprobaron que ninguno contaba con pedido de captura pero igualmente los amedrentaron y el joven terminó entregando 10 mil pesos para irse.
Según la investigación de las comunicaciones surgió que dos policías de Comando Radioeléctrico habían interceptado al joven cuando iba con su pareja en un Ford Fiesta, a quienes ubicaron tras cruzar datos del GPS de la patrulla.
Como la pareja no contaba con impedimento legal, tampoco el auto el ahora condenado le dijo “sabés que si yo quiero, llamó a mi jefe que quiere tu cabeza” y le preguntó “con qué comisaría arreglaba. Que él era un hombre de negocios y quería hacer negocios con él”, entonces Russe recibió 10 mil pesos en efectivo y se retiró con su compañero, cuenta la imputación fiscal.
La novia de Almada consultó sobre la situación a un abogado sin darse cuenta que su celular estaba intervenido y quedó el detalle de la secuencia del hecho, contó la fiscalía.
Tras este segundo hecho, el 3 de octubre del mismo año, Russe y su compañero, fueron detenidos cuando circulaban en el móvil policial por la zona de Ayacucho al 6800. En el interior del patrullero había dos revólveres sin la documentación correspondiente.
La semana pasada, en una audiencia de procedimiento abreviado Russé aceptó su responsabilidad en estos hechos y, tras un acuerdo presentado por su defensa y el fiscal Rébola, se propuso la jueza Silvana Lamas González una pena de 3 años y 4 meses de prisión efectiva e inhabilitación especial por el término de 6 años y multa, por el delito de concusión agravada, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautor.
Tras evaluar los requisitos de admisibilidad la jueza resolvió homologar el convenio y condenar al uniformado a la pena pautada por las partes.
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