Condenaron a 6 años de prisión al abogado que oficiaba de nexo entre presos de alto perfil y organizaciones narcocriminales

El juez federal de Garantías de Rosario Carlos Vera Barros homologó un acuerdo pleno presentado por el Ministerio Público Fiscal y condenó al abogado Iván Carlos Méndez a la pena de 6 años de prisión, multa, inhabilitación especial por 8 años para el ejercicio de su profesión y declaración de reincidencia.

El letrado, de 53 años, fue hallado culpable de seis delitos, entre ellos, el de integrar una asociación ilícita dedicada a mantener activas estructuras criminales comandadas desde establecimientos penitenciarios federales por internos de alto perfil vinculados al narcotráfico. Para ello, aprovechaba su condición de abogado para entrevistarse con los detenidos y retransmitir directivas a personas en libertad, eludiendo las restricciones impuestas por el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).

El caso se resolvió mediante un acuerdo pleno de procedimiento abreviado presentado ante el juez por la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, representada por el fiscal Matías Mené, y por la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), a través de su titular, el fiscal Diego Iglesias, y del secretario Matías Lucena Vernengo.

Durante las audiencias, celebradas entre el 31 de marzo y el 16 de abril pasado —cuando se homologó el acuerdo—, los representantes del Ministerio Público Fiscal expusieron evidencias que incluyeron intervenciones telefónicas, registros de visitas y documentación secuestrada que confirmaron el rol estratégico del imputado en la estructura criminal.

Las partes arribaron a un consenso final luego de que Méndez manifestara comprender los alcances del acuerdo y reconociera de forma expresa los hechos materia de la acusación, su participación, los antecedentes probatorios, la calificación legal atribuida y la pena requerida por la fiscalía.

Al abogado —actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz—  se lo condenó como autor de los delitos de asociación ilícita; encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad; lavado de activos agravado por haber sido cometido como integrante de una banda; tenencia de estupefacientes con fines de comercialización; confabulación de dos o más personas para el tráfico de drogas; y acopio de piezas y municiones de armas de fuego, todos ellos en concurso real entre sí.

Decomisos y destrucción de bienes

La resolución también dispuso el decomiso y posterior destrucción de 10,8 gramos de cocaína, una balanza de precisión, piezas de una carabina Anderson AM-15 calibre .223 con numeración suprimida, un cargador de pistola Glock calibre 9 milímetros y tres cajas de municiones.

Asimismo, se ordenó el decomiso de 240.700 pesos y de dos vehículos —un auto y una camioneta—, que serán puestos a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF). También se dispuso la destrucción de teléfonos celulares, una notebook, relojes inteligentes y otros dispositivos electrónicos secuestrados durante la causa.

Abuso de la profesión como nexo criminal

La investigación determinó que Méndez funcionaba como un “nexo sistemático” entre líderes de organizaciones narcocriminales detenidos bajo regímenes de seguridad y sus estructuras en el exterior. El MPF sostuvo que incurrió en un empleo abusivo y desleal de su condición de abogado para eludir los controles del Servicio Penitenciario Federal (SPF), triangulando comunicaciones y directivas para la gestión de bienes de origen ilícito.

Entre los internos con los que mantenía contacto figuraban Julio Andrés Rodríguez Granthon, condenado por narcotráfico y señalado como uno de los principales abastecedores de cocaína en Rosario; Mario Roberto Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina”, condenado por tráfico internacional de precursores químicos y contrabando de armas; Martín Lanatta, condenado a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez; Uriel Luciano Cantero, integrante de Los Monos; César Morán de la Cruz, referente narco del Barrio Padre Carlos Mugica de la Ciudad de Buenos Aires; y Cristian Avalle, condenado a prisión perpetua e identificado como líder de una banda ligada a Los Monos.

Según la fiscalía, Méndez integró junto a ellos una asociación ilícita al menos entre el 29 de enero y el 17 de septiembre de 2025, fecha en la que fue detenido. El objetivo del grupo era mantener vigente la disposición sobre el patrimonio adquirido ilícitamente y las actividades criminales de esas organizaciones mediante intercambio de información, retransmisión de mensajes y distintas gestiones realizadas por el abogado.

Hechos específicos atribuidos

En particular, el MPF le atribuyó, entre otros, los siguientes hechos:

• Triangulación sistemática de comunicaciones entre Rodríguez Granthon y su pareja, Lucila R., quien le informaba sobre alquileres y propiedades vinculadas al patrimonio del condenado.
• Enlace con allegados de Morán de la Cruz en el barrio Padre Carlos Mugica, en Retiro, para transmitir información y coordinar gestiones.
• Intermediación para que Segovia analizara la compra de un campo perteneciente a Morán de la Cruz.
• Participación entre febrero y agosto de 2025 en la venta de una casa de Rodríguez Granthon a Uriel Cantero por 15 mil dólares y en la entrega de un Fiat Cronos modelo 2021.
• Tenencia con fines de comercialización de cocaína y una balanza de precisión.
• Acopio de una carabina calibre .223 con numeración suprimida, piezas para su armado y 120 municiones.

Los dos últimos hechos fueron acreditados el 17 de septiembre de 2025 durante un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en el domicilio del condenado, ubicado en Flor de Otoño al 400, del barrio Padre Mugica (ex Villa 31 de Retiro) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En ese domicilio se secuestraron 120 municiones y piezas para el armado de un fusil de asalto AR-15, muy similares a las que importaba y contrabandeaba Segovia desde el penal de Ezeiza, actividad que, tras una investigación de la PROCUNAR, implicó para el “Rey de la Efedrina”, una nueva condena a 13 años de prisión, en abril de 2025.

Para la fiscalía, la gravedad del caso del abogado Méndez se vio acentuada por el hallazgo de ese material bélico y la evidencia de que sus maniobras permitían que organizaciones de alta peligrosidad conservaran capacidad operativa fuera de las prisiones, con impacto directo sobre la seguridad pública.