El Tribunal Supremo español sentenció a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos del fallido proceso independentista catalán de 2017. Hubo un intento de "copar" el aeropuerto barcelonés de El Prat, y en varias ciudades catalanas hubo enfrentamientos con la policía
El Tribunal Supremo de España condenó a penas de entre 9 y 13 años de prisión a los máximos líderes políticos y sociales del fallido proceso independentista catalán de 2017, tras considerarlos culpables de delitos de sedición y malversación de fondos públicos, lo que desató protestas en toda Cataluña, y en algunas localidades hubo duros enfrentamientos con la policía.
El ex vicepresidente Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado –ante la ausencia del ex presidente Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica–, es quien recibió la pena máxima de 13 años de cárcel e igual período de inhabilitación, por sedición y malversación, delitos que fueron propuestos por la Abogacía del Estado, que representa al gobierno central.
Los otros ocho dirigentes que esperaban la histórica condena en prisión, recibieron penas de entre 9 y 12 años, mientras tres políticos fueron encontrados culpables sólo de un delito de desobediencia, por el que recibieron penas de 10 meses de multa, y 1 año y 8 meses de inhabilitación, con lo que eluden la cárcel.
En su sentencia, el Tribunal Supremo descarta el delito de rebelión, lo que supone un revés para la Fiscalía que pedía 25 años de cárcel.
A pesar de que este triunfo sobre la tesis más duras, los líderes independentistas rechazaron el fallo condenatorio, que criticaron en duros términos, al tiempo que llamaron a sus seguidores a salir a las calles a protestar.
El ex vicepresidente Junqueras dijo que la sentencia era “una venganza”, mientras el actual presidente catalán, Quim Torra, la consideró un “insulto a la democracia” y un “desprecio a la sociedad catalana”.
Las protestas no tardaron. Tras conocerse la sentencia miles de manifestantes cortaron las principales arterias de Barcelona con pancartas que reclamaban “Libertad para los presos políticos”. Las manifestaciones fueron replicadas en otras ciudades catalanas.
Pasado el mediodía la mayoría de los manifestantes se trasladó al aeropuerto internacional de El Prat, situada a unos 20 kilómetros del centro de la capital catalana, a raíz de una convocatoria de la plataforma “Tsunami Democrático”, que llamó a “tomar” la principal terminal en la que fue su primera acción de desobediencia en respuesta a la sentencia.
La medida de fuerza provocó demoras en el acceso al aeropuerto internacional y en los vuelos, hasta que la policía blindó la terminal aérea.
Ni Carles Puigdemont ni los otros seis líderes independentistas prófugos de la justicia española se sentaron en el banquillo del Tribunal Supremo, pero la sentencia tendrá un efecto directo sobre todos ellos. El juez Pablo Llarena, el instructor de la causa que juzgó el proceso, reactivó las órdenes internacional y europea de detención contra Puigdemont por sedición y malversación de caudales públicos, según comunicó ayer el Supremo, aproximadamente cuatro horas después de que se conociera la sentencia. De momento la euroorden solo se emite para el ex líder de la Generalitat.
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