Para los jueces, hubo un rol "central y facilitador de la maniobra defraudatoria" vinculados con el arreglo de móviles policiales de los ex titulares de la Policía de Santa Fe Rafael Grau y Omar Odriozola
Se conocieron los fundamentos de la sentencia que condenó a los exjefes de la Policía santafesina, Rafael Grau y Omar Odriozola. Ambos fueron sentenciados en junio pasado a seis años y seis meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos durante una década, y el pago de una multa de 90 mil pesos cada uno.
Los ex funcionarios fueron hallados responsables de liderar una asociación ilícita que cometió desmanejos de recursos financieros vinculados a la reparación de móviles policiales. La causa fue conocida como «D 4». La condena también incluyó el delito de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública.
La mecánica consistía en facturar al Estado la compra de repuestos y reparación de móviles policiales que en realidad no se hacían, fue la hipótesis que siguió la fiscalía.
La investigación comenzó en 2016 a raíz de una denuncia del entonces ministro de Seguridad y actual gobernador, Maximiliano Pullaro.
Los jefes policiales en cuestión —Odriozola a cargo de la Policía de la provincia entre 2013 y 2015, y Grau entre 2015 y 2016— quedaron en la mira de la pesquisa.
En 2017, se firmaron múltiples acuerdos abreviados en el caso. La Justicia condenó al chapista Andrés Daniel Soto a 10 años de prisión. También al contador y empleado policial Ariel Hernán Villanueva, el exjefe de Logística José María Leiva y el comerciante Facundo Testi aceptaron acuerdos por los cuales recibieron una pena a 3 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua, además de una reparación económica.
Por su parte, el policía Raúl Patriarca, Rodrigo Ruíz (dueño de un taller mecánico), y Maximiliano Ambrosio, Artemio y Noelia Biscari (dueños de una casa de repuestos) recibieron la misma pena, pero de cumplimiento condicional.
Sólo Odriozola y Grau llegaron a juicio oral. Los jueces Celeste Minniti, Sebastián Szeifert y Martín Torres condenaron a ambos, y ahora se conocieron los fundamentos de la sentencia.
El tribunal, tras evaluar todas las pruebas del caso. Especialmente el cruce de información vinculada a la reparación de móviles policiales, las facturas de repuestos, mano de obra y cheques emitidos para pagarlas, y la pericial mecánica, entendieron que está probado el fraude.
«Es decir, de la pericial mecánica, confrontada con las respectivas facturas más recientes sobre dichos automóviles, surge a las claras que, al menos, de 10 vehículos que se le imputaron gastos de arreglos y/o repuestos, sólo se efectuaron efectivamente uno», detalla el fallo, según publicó Aire Digital.
A esto se sumó el hecho de que en algunos casos los talleres eran inexistentes. El tribunal cita el testimonio de un imputado arrepentido, Facundo Testi, quien aseguró que quienes figuraban como dueños de los talleres eran sus prestanombres.
«De la prueba rendida durante el debate, se pudo evidenciar la existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (ambos jefes, los habilitados y logísticos) y Testi», sostiene la resolución, de acuerdo con la publicación del portal.
«Tan absurdo y desmedido era el fraude, que de acuerdo a la constatación que realizó el experto, un solo móvil policial tuvo facturación por más de 30 millones de pesos en el período analizado. Un móvil de la Policía Comunitaria tuvo 26 facturas, rondando los 10 millones de pesos», explicó el tribunal.
Para los jueces, los exjefes policiales tuvieron un rol «central y facilitador de la maniobra defraudatoria» tras lo cual confirmaron la sentencia condenatoria.
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