Confesó Calcaterra: «Sánchez Caballero pagaba por orden mía»

El ex dueño de la firma IECSA Angelo Calcaterra y el ex CEO de la misma empresa Javier Sánchez Caballero declararon hoy como «imputados colaboradores» ante el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa en la que se investiga el presunto pago de coimas para la realización de obras públicas.

Sánchez Caballero recuperó la libertad a partir de la excarcelación que le otorgó este lunes el juez Bonadio.

En tanto, el único prófugo es Oscar Thomas, que mediante su abogado, José Manuel Ubeira, intenta conseguir la exención de prisión.

Ubeira llegó hoy a los tribunales de Comodoro Py y presentó un pedido de exención de prisión para el único prófugo en la causa por pago de coimas en la obra pública.

Thomas fue director del Ente Binacional Yacyretá y fue uno de los funcionarios de confianza del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido.

Calcaterra se presentó esta mañana en el juzgado de Claudio Bonadio e indicó que los pagos en cuestión fueron realizados a raíz de que fue «apretado» por funcionarios del kirchnerismo para que aportara dinero para las campañas electorales 2013/2015.

El empresario, primo del presidente de la Nación Mauricio Macri, fue dueño de la empresa IECSA.

«Yo le daba la plata a Sánchez Caballero, él pagaba por orden mía», dijo Calcaterra en su declaración ante Bonadio, a la par que habló de extorsión por parte de funcionarios para hacer los aportes a la campaña electoral.

En tanto, Juan Araoz de Lamadrid aseguró que su defendido, Juan Carlos Goycochea, ya aportó lo que puede aportar, básicamente que lo pagos correspondían a pretensiones que llegaban del ex funcionario Roberto Baratta para aportes de campaña.

«Si no correspondían a estos reclamos no le liberaban los pagos de las obras con todos los problemas que les traían para las obras. Las sumas nunca superaron los 300 mil dólares», indicó.

«No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar si es el que describe», agregó.

Araoz de Lamadrid explicó que Goycoechea era funcionario de una empresa multinacional y lo que hizo fue transmitir a la empresa la exigencia para que desde España le indicaran dónde tenía que buscar el dinero y entregarlo.

«No eran siempre los mismos montos, pero siempre se relacionaban a un espacio de campaña. Era una extorsión que hacían los funcionarios», expresó.

También Goycoechea fue homologado su acuerdo como imputado colaborador y ya son tres los empresarios que gozan de esa figura, y están en libertad ya por decisión del juez.

En tanto, Centeno, según informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, va a volver a declarar en los próximos días para deslindar alguna duda de los investigadores, a los que ya se sumó el fiscal federal Carlos Rívolo por decisión de la Procuración General de la Nación.