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Confirman condena a 15 años por abuso sexual a dos hombres que habían sido expulsados de Puerto Gaboto

Gastón Iglesias y Gastón Acuña deberán ir a prisión. En primera instancia habían resultado sobreseídos, pero cuando recuperaron la libertad un juez les ordenó no aproximarse a menos de 200 kilómetros de la localidad del departamento San Jerónimo, en protección de sus víctimas

La Justicia condenó a prisión a dos hombres que en primera instancia habían sido sobreseídos en casos de abuso sexual contra menores de edad en Puerto Gaboto. Se trata de Gastón Iglesias y Gastón Acuña, cuyos nombres cobraron notoriedad pública en mayo pasado al ser expulsados de la localidad del departamento San Jerónimo tras recuperar la libertad.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal, tribunal integrado por Georgina Depetris, Guillermo Llaudet y Tomás Orso, dejó firme un fallo que condena con 15 años de prisión al ex empleado comunal Iglesias al declararlo “autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con corrupción de menores”.

En tanto, el ex policía Acuña fue condenado a 3 años de prisión efectiva como “autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual simple”.

Una particularidad de este fallo es que se logró gracias a la acusación que impulsó la querella, encabezada por el abogado Sebastián Darrichón, ya que en primera instancia la Justicia sobreseyó a ambos por entender que la acusación no había sido promovida desde la Fiscalía.

Gastón Iglesias, su hermano Fernando y Acuña fueron expulsados de Puerto Gaboto en mayo pasado, a través de una resolución del juez de 1ª Instancia de Familia de San Lorenzo, Marcelo Escola, con el objetivo de preservar la seguridad de las cinco víctimas a las que sometieron durante años, desde que eran menores de edad. Además, tienen prohibido acercarse de por vida a menos de 200 kilómetros de la localidad.

En noviembre de 2022 los tres fueron condenados por abusar sexualmente de cinco niñas con lazos familiares entre sí. Todas empezaron a ser sometidas cuando eran menores de edad (algunas lo siguen siendo), y el calvario se extendió por varios años hasta que se animaron a denunciar.

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