Constituyente: hay preocupación por el dictamen de mayoría sobre acceso a la información pública y libertad de expresión

Por Rosario Avalis / Especial para El Ciudadano

En la Convención Reformadora de Santa Fe está siendo discutido el dictamen de mayoría del artículo 11, sobre libertad de expresión, derecho a la comunicación y derecho de acceso a la información. Según Marcelo Maisonnave, abogado y magíster en Derechos Humanos, la redacción del dictamen “deja una ventana muy grande a las autoridades públicas para no responder a los pedidos de acceso a la información pública”. La preocupación es que esta oportunidad de denegar información que se les brinda a los funcionarios públicos convierta en regla el rechazo de las solicitudes. 

A principios de julio organizaciones sindicales, académicas, como la propia Universidad Nacional de Rosario, y de medios comunitarios presentaron una propuesta para incluir los derechos a la libertad de expresión y a la información en la nueva Constitución provincial. Sin embargo, según Maisonnavem el dictamen de mayoría desatiende lo propuesto: “Vemos una escasa vocación, por lo menos por ahora en el dictamen de mayoría, en avanzar en paradigmas de derechos humanos y de una verdadera constitución de avanzada”. 

Según la propuesta presentada para incluir los derechos a la libertad de expresión y a la información, “todos los habitantes de la provincia, sin necesidad de indicar motivos, tienen derecho al acceso gratuito e irrestricto a la información pública”. Maisonnave considera que hubiera sido bueno especificar esta cuestión en la redacción del dictamen, que en líneas generales propone una mirada bastante escueta del concepto que alcanza la libertad de expresión en las democracias. 

Maisonnave destaca que la última oración del dictamen dice: «Cualquier órgano del Estado que deniegue la información está obligado a fundamentar dicha decisión”. Esta frase no termina de ser clara ya que no se detalla cuáles serían los fundamentos admisibles para negarse a brindar la información. Las únicas excepciones que un funcionario público puede interponer para evitar dar una información pública tienen que ser casos muy extremos, vinculados a la seguridad nacional, seguridad provincial y cuestiones de salud pública o intimidad, detalla. En relación con este tema, observa que tampoco se especifica la gratuidad del acceso a la información pública.

“Creo que esta mala regulación o muy escasa, muy limitada, regulación del derecho a la información pública va a redundar en una continuidad de un ecosistema mediático hiperconcentrado, donde hay una enorme discrecionalidad del gobernador a la hora de manejar la pauta oficial”, dice Maisonnave. Considera que hay una complicidad entre el poder político y el poder mediático que no abona a una mejor democracia o una mejor cobertura y garantía de derechos humanos.

Finalmente, resume sus consideraciones respecto del dictamen de mayoría del artículo 11: “Una mala formulación del acceso a la información pública, una mala formulación del derecho a la comunicación, de la pluralidad en el ecosistema de comunicación; una ausencia total de la regulación de la pauta estatal y también la ausencia de los medios de comunicación sin fines de lucro; y también podríamos agregar los medios estatales, tampoco hay mención alguna a la existencia de medios públicos con fines educativos, culturales, recreativos, sociales, con la necesidad que tiene Santa Fe de no retroceder en materia de medios estatales que promuevan una visión santafesina de la comunicación”.