Contaminación de Vaca Muerta: ratifican embargo millonario a directivos de Comarsa

Un tribunal de revisión ratificó por unanimidad el embargo millonario contra directivos de Comarsa, la empresa que tiene el basurero petrolero más grande de la Patagonia y está siendo investigada penalmente por contaminación y administración fraudulenta, tras una demanda promovida en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.

Esta semana, el tribunal de revisión integrado por los jueces Carolina García, Dardo Bordón y Juan Pablo Encina ratificó las medidas cautelares contra los directivos de la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales SA (Comarsa) que recibe los residuos petroleros de empresas nacionales e internacionales que trabajan en el yacimiento Vaca Muerta de Neuquén como YPF, Chevron, Exxon y Shell.

La jueza García, a cargo la lectura de la decisión, destacó la necesidad de “hacer cesar las maniobras fraudulentas que se investigan” como también prevenir el agravamiento del “pasivo ambiental” generado.

“Nadie asegura que los efectos de los daños ambientales no duren muchísimos años más, no afecten nuestra salud y los derechos de las generaciones presentes y futuras”, esgrimió.

Las medidas adoptadas también se enfocan en asegurar la responsabilidad financiera tanto de Comarsa como de los imputados, que hasta el momento son tres. Incluyen un embargo por 7 millones de dólares sobre los bienes de los acusados, además de otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus cuatro galpones y tres hornos pirolíticos en la planta ubicada en la localidad neuquina de Añelo.

Tanto la Asociación de Abogados Ambientalistas como otras organizaciones socioambientales de Neuquén siguen avanzando para lograr la condena de los responsables por delito de contaminación y administración fraudulenta.

“Estamos ante un proceso judicial histórico que prueba la contaminación de Vaca Muerta. Como parte querellante en el proceso penal, seguiremos insistiendo con la línea de investigación que involucra a funcionarios de la provincia de Neuquén por omisión de controles y a las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta y que son las generadoras de la basura petrolera”, señalaron Enrique Viale y Rafael Colombo, integrantes de la Asociación de Abogados Ambientalistas y querellantes en la causa judicial.

La imputación

La semana pasada, la Fiscalía Ambiental de Neuquén imputó a los responsables de Comarsa por delitos de contaminación peligrosa para la salud pública y administración fraudulenta. Según la acusación, Comarsa acopió y abandonó residuos peligrosos sin tratarlos desde 2014 en adelante, con lo que generó ganancias y dejó un pasivo ambiental de envergadura en la planta de Parque Industrial de Neuquén Oeste (Pino) ubicada en la ciudad de Neuquén Capital.

El fiscal Maximiliano Breid Obeid imputó a Juan Manuel Luis (fundador y director de Comarsa SA) y a Héctor Basilotta (director suplente entre 2014 y 2021) como coautores de contaminación peligrosa para la salud pública en concurso real y administración fraudulenta. En tanto, a Federico Ponce (gerente general y responsable técnico de la firma entre 2013 y 2016) le achacó los mismos delitos en carácter de partícipe necesario.

El fiscal también consiguió que se dispongan embargos sobre la empresa, las cuentas personales de los acusados y la prohibición para salir del país, que acaban de ser ratificados. Y adelantó que por la complejidad de los delitos investigados tiene previsto ampliar la imputación a más personas en relación a la presunta connivencia de funcionarios de gobierno.

Según la Fiscalía, el pasivo ambiental que deja Comarsa supera los 7.350.000 dólares. La causa está centrada en la planta que tiene la empresa en la ciudad de Neuquén, no en la que posee en la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Los residuos petroleros que recibe Comarsa de empresas como YPF, Chevron, Exxon y Shell  que trabajan en el yacimiento Vaca Muerta se califican como peligrosos porque contienen desechos radioactivos y partículas pesadas altamente dañinas para el medio ambiente y los seres humanos. Además sus plantas industriales están ubicadas en terrenos fiscales y muy cerca de poblaciones que sufren el impacto directo de la actividad.