Es una pesquisa para determinar si la firma Ternium (ex Siderar), del conocido grupo económico, vierte desechos tóxicos a las aguas del río a la altura de la ciudad bonaerense de Ramallo
La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, ordenó continuar con la investigación penal sobre la siderúrgica Ternium, del Grupo Techint, por los posibles delitos de riesgo a la salud pública y de infracción a la ley de residuos peligrosos, informaron este martes fuentes judiciales.
La causa, que se tramita en el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, se inició luego de que Elizabet Raquel Herrera, una vecina de la localidad bonaerense de Ramallo, cuya vivienda se ubica en terrenos cercanos a la planta de Ternium Argentina SA (ex Siderar) denunciara a la empresa en 2020 por la comisión de presuntos delitos ambientales.
La denunciante informó ante la Cámara de Casación que junto a su abogada patrocinante, María Gimena Viviani, tomaron conocimiento de la existencia de documentos públicos que acreditarían que esa empresa habría contaminado con desechos de metales pesados el agua subterránea y el curso de río Paraná.
También denunció la presunta contaminación con compuestos químicos altamente tóxicos formados por cloro, carbono e hidrógeno (PCBs) causada por el incorrecto almacenamiento de transformadores y cisternas.
El fiscal General, Raúl Omar Pleé, en su dictamen ante la Cámara, señaló que se aportaron «elementos que dan cuenta de la contaminación de las aguas del río Paraná, cuyo curso alcanza las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires».
Al fundamentar su posición, la jueza Figueroa dijo que «se debe tener presente la relevancia de la cuestión denunciada, en tanto el uso de los residuos peligrosos previstos en la norma daña al ecosistema y afecta, al menos de modo potencial, la salud de los habitantes. Ello, por cuanto la gradual destrucción del ecosistema en el que vivimos tiene como efecto inmediato el deterioro de la salud humana».
En esa línea, ordenó que se «eviten demoras en el trámite del expediente como la registrada, aproximadamente un año y dos meses desde la fecha de resolución a la concesión del recurso».
«Es que la gravedad de los hechos denunciados, nos llevan a considerar conveniente que el magistrado federal a cargo de la tramitación de las presentes actuaciones arbitre los medios necesarios a fin de agilizar el proceso», completó Figueroa.
La abogada Viviani, por su parte, señaló que las pruebas de contaminación son «objetivas, graves y relevantes».
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