La Corte Suprema de Justicia de la Nación no hizo lugar al pedido de prescripción del caso, solicitado por la defensa del ex presidente, en el marco de una investigación relacionada con la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
La Justicia deberá seguir investigando al ex presidente Carlos Menem por presunto enriquecimiento ilícito en una causa relacionada con la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, al rechazar la Corte Suprema de Justicia un planteo para declararla prescrita.
Se trata de una investigación a raíz de un desprendimiento de la causa por la venta de armas, donde ya recibió una condena de siete años de prisión, en cual la defensa del ex mandatario planteó la prescripción.
La Corte, sin embargo, desestimó el recurso presentado por los abogados de Menem, encabezados por Pedro Baldi, y de esta forma él, su hija, Zulemita, y su ex esposa Zulema Yoma seguirán siendo investigados.
El expediente se inició luego de que el fiscal Carlos Stornelli pidiera en 1996 que se extrajeran testimonios de la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador para establecer si el por entonces presidente se había enriquecido ilícitamente con el contrabando de armamento.
El planteo de prescripción fue desestimado por la Cámara Federal y la Casación Penal, y ahora tuvo la misma suerte en la Corte Suprema: el fallo fue firmado por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Maqueda y Elena Highton.
En marzo de este año, la Cámara de Casación Penal había declarado inadmisible el pedido de prescripción al considerar que el mismo se había «limitado a cuestionar la duración de su juzgamiento» aunque «sin rebatir adecuadamente los argumentos de la mayoría de la Cámara».
La causa está en poder del juez federal Norberto Oyarbide, quien había citado a indagatoria a Menem, pero tras el planteo se paralizó el expediente, por lo que tras el fallo de la Corte se prevé que se reactive.
El ex presidente había negado ante la Justicia que se hubiera enriquecido, aunque admitió que el uso de fondos reservados durante su Gobierno no estaba reglamentado y cada dependencia podía utilizar ese dinero sin «rendir cuentas».
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