Ciudad

Continúa la tensión: se mantiene la protesta policial en la Jefatura

El gobierno señaló que confía en una resolución del conflicto mediante el diálogo, aunque en la noche de este martes, luego de que la reunión prevista entre las partes no se realizara, no había negociaciones. “Es muy difícil avanzar cuando no hay claridad sobre qué se reclama y quién habla en nombre de quiénes”, dijo el funcionario Santantino. Frente a la sede de la URII los móviles seguían estacionados y con las sirenas encendidas, a la espera del cambio de guardia de las 22. Según el gobierno, hay niveles aceptables de patrullaje en Rosario

Fotos: Juan José García

La protesta policial que se inició hace una semana, el pasado miércoles 4, luego de conocerse la noticia del fallecimiento de un efectivo policial que se había disparado horas antes en la puerta de la Jefatura, continuaba en la noche de este martes no sólo en Ovidio Lagos al 5200, sino también en la capital provincial y en otras ciudades de la provincia.

A 24 horas de que se produjeran incidentes en las puertas de la sede de la Unidad Regional II entre los manifestantes y policías de alta graduación que intentaron desactivar el reclamo, el diálogo entre el gobierno y los voceros de la protesta estaba cortado, según se comentaba en el piquete: una fila de patrullas se mantenía estacionada frente a la Jefatura con las sirenas encendidas.

A las 20, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, confió ante los medios en conferencia de prensa que espera que mediante el diálogo se pueda resolver el conflicto, que se centra en el pedido de mejoras en las condiciones laborales, en especial el salario, más allá de los aumentos no remunerativos anunciados por el Ejecutivo el viernes de la última semana para un sector de la fuerza.

“El afecto que nos une como gestión”, fue la frase que utilizó Santantino para dar cuenta de la legitimidad que el gobierno concede al reclamo; días atrás el propio ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni definió al Ejecutivo de Maximiliano Pullaro como una gestión “pro policía”.

Los reclamos son “legítimos y necesarios de resolver”, dijo el funcionario, aunque advirtió dificultades en los canales de diálogo con los manifestantes, quienes en el piquete dijeron que sus representantes que fueron a la sede de la Gobernación en la tarde de este martes “no fueron recibidos”.

“La secretaria nos dijo que el ministro está ocupado y no nos podía atender”, manifestó el vocero Gabriel Sarla en diálogo con los medios, y añadió que Cococcioni “estaba reunido con el gobernador, Maximiliano Pullaro”.

El gobierno busca “trascender esta situación para seguir mejorando el plan de seguridad”, dijo Santantino, y explicó que esa reunión prevista con los policías no pudo concretarse por la falta de interlocutores claros y representativos. “Es muy difícil avanzar cuando no hay claridad sobre qué se reclama y quién habla en nombre de quiénes”, afirmó.

El funcionario admitió que hay dificultades operativas en rosario, pero niveles aceptables de patrullaje y respuesta al 911, y que se trabaja “minuto a minuto” para garantizar la presencia policial. “No estamos en total normalidad, pero la operatividad hoy es mejor que la que tenía la ciudad algunos años atrás”, indicó, y añadió que hay refuerzo de parte de fuerzas federales.

También Santantino confirmó que los aumentos salariales anunciados, que alcanzan a las fuerzas de calle que se desempeñan en rosario y Santa Fe, siguen vigentes y no están condicionados, y que habrá un impacto “muy considerable” en los ingresos de ese personal operativo.

Precisamente uno de los puntos del reclamo, según sostuvo el portavoz Sarla, es que la mejora salarial alcance al resto de la fuerza. Asimismo los manifestantes buscan respuestas a la problemática de la salud mental, y también del transporte y el alojamiento, pese a que el Ejecutivo incluyó anuncios para estos últimos puntos el último viernes.

El funcionario destacó que el conflicto es complejo y que, además de medidas administrativas como el pase a disponibilidad 20 agentes policiales, el Ministerio Público de la Acusación investiga posibles responsabilidades penales por el accionar de estos y otros efectivos.

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