Por el momento, la iniciativa, fue aprobada en una asamblea realizada entre centros de estudiantes y agrupaciones de la UBA, la UTN y la UNA
La Asamblea Interfacultades, realizada en el día de este sábado con estudiantes y agrupaciones pertenecientes a la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), votó afirmativamente llevar adelante la tercera Marcha Federal Universitaria el próximo el 12 de noviembre; en estos días, la medida deberá ser debatida, y por ende aprobada, por universidades de todo el país.
Paralelamente, se decidieron nuevas medidas de fuerza en rechazo al desfinanciamiento por parte del gobierno de Javier Milei como, por ejemplo, un nuevo corte de calles el 1° de noviembre en el Obelisco, que incluirá una movilización hacia la Plaza de Mayo y a la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT) para pedirles que se convoque a un paro nacional el día mismo de la nueva Marcha Universitaria.
Por otra parte, el próximo 5 de noviembre a las 17 se realizará una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde participarán centros de estudiantes y gremios docentes y no docentes de todo el país, para organizar lo que sería esta tercera movilización universitaria federal.
En la misma línea, estudiantes confirmaron tomas en las facultades de todo el país, entre el lunes 28 y el miércoles 30 de octubre, realizando clases públicas hasta que termine el cuatrimestre.
Por su parte, el Poder Ejecutivo continúa con el plan de avanzar con las auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), iniciativa que la UBA rechazó porque sostiene que el Presidente de la Nación quiere «intervenir en las universidades públicas” con el fin de “controlar lo que se enseña y aprende«.
La entidad informó, por medio de un comunicado, que realizará una convocatoria nacional e internacional para que todos los profesionales independientes “realicen una auditoría especial sobre su sistema de control interno«, con el objetivo de dar datos transparentes y de acceso público, al mismo tiempo que pretende “defender” el “principio de la libertad de cátedra” que tuvo desde siempre.
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