Apyme pone el foco en un problema que viene ganando lugar en la agenda empresarial: el avance del contrabando y el comercio ilegal en Argentina, y su impacto sobre las pequeñas y medianas empresas
Por Apyme (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas)
En un contexto de caída del consumo, apertura de importaciones y dificultades para sostener la actividad, la circulación de mercadería que ingresa al país sin cumplir con las obligaciones aduaneras, impositivas y sanitarias pega de cerca a las pymes. Además, profundiza las desigualdades entre quienes producen y comercializan dentro de la formalidad y quienes operan por fuera de las reglas.
El problema alcanza a una gran variedad de sectores: indumentaria, calzado, electrónica, cosmética, juguetes, neumáticos, alimentos y bebidas, entre otros. Según una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en septiembre sobre 628 empresas, el 59,7% considera que la competencia desleal y el contrabando tienen un impacto alto o muy alto sobre su actividad.
Para conocer mejor cómo funcionan estas redes, cuáles son sus consecuencias y qué respuestas hacen falta, conversamos con Fabián Hryniewicz, referente empresario de Formosa y director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), quien lleva casi 50 años trabajando en la lucha contra el comercio ilegal.
Hryniewicz conoce el problema desde distintos lugares. Antes de incorporarse a la dirigencia empresarial, trabajó durante 15 años como funcionario de Aduana. Después, desde su propia experiencia como empresario,se involucró en la búsqueda de respuestas frente al contrabando, el fraude marcario y la comercialización de productos que se presentan como originales pero no lo son.
“En el año 77, cuando comencé, la mayor parte de la ilegalidad era el contrabando y productos robados, y eran cuestiones que se manejaban en el submundo”, recuerda.
Con el paso del tiempo, explica, el fenómeno fue cambiando de escala. Lo que inicialmente eran operaciones aisladas o pequeños circuitos de comercialización se transformó en estructuras más organizadas, con nuevas rutas y modalidades de distribución.
Un punto de inflexión fue la pandemia. Según su mirada, ese período permitió que las organizaciones perfeccionaran sus mecanismos y encontraran nuevos caminos para eludir los controles. También advierte sobre la creciente vinculación entre el contrabando y otras actividades del crimen organizado. “Hoy tenemos la ilegalidad en todos los rubros y ha superado a la actividad formal”, señala.
La dimensión del problema también aparece en los relevamientos empresariales. La encuesta de septiembre del Centro de Estudios de la UIA encontró que casi seis de cada diez industrias consideran alto o muy alto el impacto de la competencia desleal y el contrabando. Entre las principales consecuencias aparecen la caída de las ventas, la presión para bajar los precios y la pérdida de rentabilidad.
A comienzos de noviembre, un informe de la consultora MAP LATAM volvió a poner cifras sobre el fenómeno. Estimó que durante 2026 el Estado dejaría de recaudar unos 2.855 millones de dólares por contrabando y subfacturación de importaciones. De ese total, 2.283 millones corresponderían al contrabando y 572 millones a la subfacturación. El estudio abarca 15 sectores de la economía y estima que estas prácticas también impiden la generación de unos 11.300 empleos formales.
Son estimaciones privadas y no representan la totalidad de la economía argentina, pero permiten dimensionar la magnitud del problema.
Cuando hablamos de contrabando solemos pensar en los pasos fronterizos y en los circuitos tradicionales de ingreso de mercadería desde los países vecinos. Sin embargo, las modalidades actuales son mucho más amplias.
“Fronteras es todo el país”, plantea Hryniewicz. Y explica que los aeropuertos, los sistemas de envío por courier y las plataformas digitales también forman parte de los circuitos que requieren controles.
Entre los productos que identifica aparecen celulares, televisores, electrodomésticos, indumentaria, calzado, neumáticos, repuestos, cosméticos, alimentos y bebidas. También menciona el ingreso de medicamentos y productos farmacéuticos, cuya procedencia y composición no siempre están verificadas.
Un caso que le preocupa especialmente es el de los productos que ingresan mediante sistemas de compra internacional y luego terminan comercializándose para su reventa en el mercado local. “Entran por ese sistema, auditados con un escáner, y pasan porque se toman como prendas de vestir, etcétera. Pero después terminan compitiendo ilegalmente con el comercio formal”, advierte.
El 26 de octubre, el Gobierno nacional anunció una serie de acuerdos con cámaras empresarias y plataformas de comercio electrónico para intercambiar información y detectar productos ingresados ilegalmente. Participan la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, la Cámara de Importadores, AFARTE y la Asociación de Supermercados Unidos, además de Mercado Libre, Meta, Frávega y Cetrogar.
En una primera etapa, los controles sobre las publicaciones de Mercado Libre se concentrarán en notebooks, celulares, cosméticos, juguetes y neumáticos. ARCA participará del cruce de información para detectar posibles irregularidades.
Para Hryniewicz, se trata de un paso positivo, aunque insuficiente. Su principal cuestionamiento es que los mecanismos basados en denuncias permiten actuar una vez que el producto ya fue comercializado. “Lo que nosotros pretendemos es que se diga: esta mercadería es de origen dudoso, no la podés ofrecer en el marketplace de mi plataforma”, explica.
El impacto del comercio ilegal no se limita a las empresas que pierden ventas frente a productos que ingresan sin controles. También involucra la seguridad de quienes los compran.
Hryniewicz insiste en que, detrás de los precios muy bajos, puede haber mercadería que no cumple con las condiciones sanitarias, técnicas o de calidad exigidas a la producción formal.
Como ejemplo, menciona la comercialización mayorista de zapatillas a precios muy inferiores a los del mercado formal. Según explica, algunos de esos productos pueden estar fabricados con componentes químicos perjudiciales para la salud.
También advierte sobre las condiciones de almacenamiento y conservación de bebidas, alimentos e indumentaria que ingresan por circuitos ilegales, sin garantías sobre su manipulación ni sobre los controles a los que fueron sometidos.
“La gente no compra lo que quiere, compra lo que puede, y dentro de lo que puede, va a lo económico”, reconoce. Por eso, considera que el problema no puede abordarse responsabilizando a quienes recurren a esos productos porque no tienen otra posibilidad de consumo.
“Nosotros pusimos mucho énfasis en no hacer un enfrentamiento de pobres contra pobres. Hay que buscar quiénes son los verdaderos financistas de toda esta situación y atacar al grande”, opina.
Para el dirigente, perseguir únicamente a quienes venden en ferias o en puestos ambulantes no resuelve el problema. Es necesario reconstruir la cadena de comercialización, identificar a los proveedores y llegar hasta quienes financian las operaciones. A la vez, sostiene que el Estado debe garantizar mejores condiciones para que las personas puedan acceder a productos seguros y a precios razonables.
El contrabando también llega a los plaguicidas. Según el relevamiento de MAP LATAM, representa alrededor del 15% del mercado de agroquímicos en la Argentina. El problema no se limita al ingreso de productos por pasos no habilitados: también incluye la adulteración, el fraccionamiento y la comercialización de sustancias sin los controles correspondientes.
En octubre, por ejemplo, Gendarmería desarticuló en Córdoba una estructura dedicada a estas prácticas y secuestró más de 300 bidones con productos adulterados, además de insumos y etiquetas apócrifas, en un operativo valuado en más de 110 millones de pesos. Como advierte Fabián Hryniewicz, el comercio ilegal atraviesa rubros muy diversos y no puede enfrentarse solamente con controles puntuales: requiere trazabilidad, fiscalización y acciones que permitan llegar a quienes organizan y se benefician de estos circuitos.
Uno de los aspectos más preocupantes que señala Hryniewicz es el modo en que la expansión del comercio ilegal puede terminar alimentando un círculo de informalidad que también alcanza a empresas que históricamente trabajaron dentro de la economía formal.
“Muchas pymes muy tradicionales llegan a un punto donde la situación se les torna insostenible y comienzan a cerrar. Luego de cerrar, buscan un local en una ubicación geográfica más económica, donde tengan menor necesidad de empleabilidad. Vuelven a abrir y, por una baja del consumo, no lo pueden sostener. Terminan en el garaje, vendiendo lo que les deje rentabilidad. ¿Y qué les deja rentabilidad? Lo que tiene un origen no trazable, que no es legal”, explica.
Es un recorrido que describe a partir de su experiencia, y que muestra cómo la falta de controles y las dificultades económicas se pueden retroalimentar. La actividad formal pierde terreno, mientras crecen los circuitos de comercialización que no ofrecen garantías sobre el origen de los productos ni sobre las condiciones laborales de quienes participan.
El escenario también es complejo en Santa Fe. La provincia no cuenta con estadísticas recientes que permitan cuantificar el contrabando y su impacto específico sobre las pymes locales. Sin embargo, el entramado productivo atraviesa un momento delicado.
Según el último informe de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), la producción manufacturera provincial cayó un 1,9% interanual en agosto y acumuló una retracción del 3,3% durante los primeros ocho meses del año. La maquinaria agropecuaria fue uno de los sectores más golpeados, con una caída interanual del 37,9% en agosto. FISFE también señaló entre los factores que afectan a la industria el menor consumo privado, el comercio desleal, las elevadas importaciones de bienes finales y la presión de los costos.
En Rosario, además, hubo un caso concreto de comercialización ilegal. En septiembre, la Policía Federal realizó seis allanamientos en distintos puntos de la ciudad y secuestró 4.844 productos de cosmética y cuidado personal presuntamente importados de manera ilegal. La mercadería fue valuada en unos 140 millones de pesos.
El operativo permitió identificar una estructura dedicada al almacenamiento y la comercialización de esos productos. Es una muestra de que estas redes también tienen presencia en los principales centros urbanos y comerciales del país.
Frente a este escenario, ¿qué respuestas hacen falta? Para Hryniewicz, el problema no se resuelve solamente con más operativos o con el trabajo de las fuerzas de seguridad. También requiere actualizar las herramientas legales y fortalecer las capacidades de control del Estado.
Desde la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME vienen impulsando una reforma integral del Código Aduanero, cambios en el régimen de comercio de las zonas fronterizas y una propuesta de Ley de Comercio Vecinal de Fronteras, que permita establecer reglas específicas para las actividades comerciales en esas regiones.
El dirigente cuestiona la reducción de las facultades de fiscalización de los organismos aduaneros y considera que las medidas de desregulación pueden facilitar el ingreso de mercadería sin los controles correspondientes.
“Hay que trabajar sobre la prevención, no sobre el hecho consumado. Con el hecho consumado el daño ya está causado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prevenir”, explica.
El próximo 17 de noviembre, CAME convocará a legisladores nacionales y funcionarios para presentar los avances de su trabajo, el mapa de la Argentina ilegal y propuestas de regulación para el comercio y las nuevas tecnologías.
Hryniewicz también plantea que los consumidores pueden tener un papel importante en la prevención. Una de sus propuestas es que todos los productos cuenten con algún mecanismo sencillo de identificación, como un código QR, que permita conocer quién los fabricó, cuál es su procedencia y si cumplen con las condiciones necesarias para su comercialización.
“Muchas veces lo económico no es sinónimo de ilegalidad. Hay pymes que realmente venden barato, venden económico, y te dan una garantía de cómo está confeccionado o producido determinado producto. Busquemos a ellas”, propone.
Para el dirigente, el desafío es doble: combatir las redes que organizan y financian el comercio ilegal, pero también recuperar las condiciones para que las empresas formales puedan producir, vender y generar empleo.
“El comercio ilegal no genera expectativas de empleabilidad y prosperidad a futuro, salvo para los grandes actores. Aquel que hoy incursiona en la economía de la ilegalidad como una salida de rebusque o de supervivencia termina siendo un trabajador esclavo de ese sistema”.
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