Contraofensiva judicial por microtráfico: la Cámara Penal acusó a Merlo de «coacción institucional» y llevará el conflicto a la Legislatura

Los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario emitieron un severo comunicado contra el fiscal regional Matías Merlo, calificando sus dichos como un «exabrupto» y un intento de «coacción» que busca condicionar la independencia del Poder Judicial. 

“Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”, destacaron en el documento firmado por los camaristas Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández,  Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet.

La «falacia» de vincular fallos con balaceras

El conflicto se desató tras la acusación de Merlo, por las declaraciones de incompetencias del órgano de segunda instancia en causas de microtráfico y sugirió que la ciudad vería un incremento en los homicidios y ataques armados. Para los camaristas, esta afirmación es una «falacia de causalidad» que utiliza de forma «temeraria» el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad.

«Intentar infundir temor en la sociedad por resoluciones judiciales es una irresponsabilidad funcional tremenda», sostuvo Gustavo Salvador, presidente de la Cámara Penal, en diálogo con la prensa local. 

En el escrito, los magistrados recordaron que ellos mismos han sido blanco de ataques por parte de organizaciones narcocriminales como Los Monos o el clan Alvarado, reafirmando que su compromiso no está en duda, sino su sujeción a la ley.

358 contra 7

Frente a la narrativa de un desprendimiento masivo de expedientes del jefe de los fiscales de Rosario, la Cámara puso sobre la mesa datos estadísticos. Según detallaron, entre 2024 y lo que va de 2026, el tribunal revisó un total de 358 recursos relacionados con el microtráfico.

De ese universo, sólo 7 casos (apenas el 2 por ciento) fueron remitidos a la Justicia Federal. Los jueces explicaron que estas decisiones no son «concesiones a la impunidad», sino el cumplimiento estricto del Principio de Legalidad y la Garantía del Juez Natural. 

“Se trata de causas que, por su complejidad o volumen, exceden el marco del narcomenudeo y deben ser tramitadas en el fuero nacional por imperio de la Ley de Desfederalización (26.052)”, indicaron.

Independencia vs presión política

Los camaristas advirtieron que ceder ante las presiones de la Fiscalía bajo la amenaza de una «responsabilidad social» sería claudicar en su función democrática. 

«La independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder», reza el comunicado. 

Para la Cámara, el fiscal Merlo evidencia un «profundo desconocimiento» –o una omisión deliberada– de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya le ha dado la razón a los jueces provinciales en casos de competencia similares.

Denuncia en la Legislatura y la Corte

La disputa no quedará solo en el terreno de declaraciones ante medios de comunicación. Salvador confirmó que la Cámara Penal ya planteó el caso a los órganos de control. Las declaraciones de Merlo fueron informadas a:

• La Comisión de Acuerdos de la Legislatura (donde se analiza el desempeño de los fiscales).
• La Auditoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
• La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.

“Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial”, concluyeron.

Comunicado institucional de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario completo: 

           Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario,  manifestamos nuestro más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Fiscal Regional, Dr. Matías Merlo.

          Consideramos que sus expresiones no solo resultan desajustadas y agraviantes, sino que constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa.

          Resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras.

          Dicha afirmación constituye una falacia de causalidad que intenta utilizar el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad como una herramienta de presión contra los jueces.  Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos; pero por llevar a cabo nuestra labor jurisdiccional en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales. 

          Las declaraciones del Fiscal Regional evidencian un profundo desconocimiento —o una omisión deliberada— de las reglas de competencia establecidas en la Ley de Desfederalización de Microtráfico (Ley No. 26052) y en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  la que por otro lado se ha expedido al respecto confiriendo razón a estos jueces provinciales.

          Más grave aún resulta la  intencionada tergiversación de los datos de la realidad pues, en esta Cámara,  se recibieron entre los años 2024 a lo que va del 2026,  un total de 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del Microtráfico y solo 7 de ellos se han remitido a la Justicia Federal para su prosecución por imperio de las normas de competencia y a pedido de parte. Estas declaraciones de incompetencia en causas que exceden el marco del narcomenudeo no son concesiones a la impunidad, sino el cumplimiento estricto del Principio de Legalidad y de la Garantía del Juez Natural (Art. 18 CN), más aún cuando son remitidas a otra sede para su continuidad y -en su caso- con personas con prisión preventiva.

          Calificamos estas declaraciones como un exabrupto institucional impropio de un funcionario de su jerarquía, claramente lesivo de la independencia judicial.

          La independencia de los jueces es la última garantía de los ciudadanos frente al poder. Ceder ante presiones que exigen apartarse de la ley bajo amenaza de «responsabilidad social» por hechos de violencia sería claudicar en nuestra función republicana y democráctica.

                                                                                          Rosario, 10 de marzo de 2026.

Firmado: Dres. Bibiana Alonso, Javier Beltramone, Silvia Castelli, Daniel Curick, Nicolas Foppiani, Carolina Hernández,  Alfredo Ivaldi Artacho, Juan Lavini Rosset, Guillermo Llaudet, Ismael Manfrín,  Miguel Moreno,  Tomás Orso, Gustavo Salvador y Gabriela Sansó.