Convocaron a un ruidazo contra los abusos del mercado inmobiliario por los alquileres «desmesurados»

La Federación de Inquilinos Nacional (FIN) convocó a un Ruidazo Nacional contra los abusos del mercado inmobiliario para el lunes 29 de marzo a las 20. Es por los «desmesurados» valores en los alquileres tras caducar el decreto presidencial que los mantenía congelados en el marco de la pandemia.

La entidad de inquilinos, que agrupa a organizaciones de todo el país, reclama la extensión del Decreto 320, un plan de desendeudamiento y la plena aplicación de la nueva ley de alquileres.

Sebastián Artola, referencia de la Federación de Inquilinos Nacional en la provincia de Santa Fe, sostuvo que “la realidad de muchísimos inquilinos sigue siendo crítica”. Y agregó: “Estamos pidiendo al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, que revise la decisión de no darle continuidad al Decreto 320”.

«La Ley de Alquileres se reglamentó y los desalojos tienen que pasar por el Ministerio de Justicia para mediación, ya no va a haber extensión del DNU», había anunciado el 2 de marzo último el ministro. Fue tajante: «No hay extensión, lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos», agregó entonces, pero con foco en las normas y no en lo que ocurre efectivamente dentro de las relaciones desiguales del mercado inmobiliario.

El fin del congelamiento no sólo libera los precios de los alquileres, sino que carga sobre los inquilinos el peso de un monto extra: el cargo de los aumentos no cobrados durante la vigencia de la norma, un acumulado que se agrega al de los valores «actualizados».

“La finalización del decreto pone a muchos inquilinos al borde de quedar en la calle y con la angustia de no saber dónde van a estar viviendo en los próximos meses”, explicó Artola. Y completó el difícil cuadro: “A esto hay que sumarle la prepotencia y los desmesurados aumentos que hubo en el último año –el doble que la inflación– producto de la irresponsabilidad y la especulación del mercado inmobiliario”.

El dirigente, por lo anterior, consideró que “es imprescindible avanzar hacia una política integral de acceso a la vivienda y, en particular, a la vivienda en alquiler”. La propuesta es, con carácter “imprescindible, regular y pesificar el mercado inmobiliario”.

Con la puesta en vigencia de la nueva Ley de Alquileres, que entre otras cosas establece un registro de los contratos, la reacción de propietarios e inmobiliarias no se hizo esperar y fue con argumentos repetidos: que las regulaciones retraen la oferta habitacional y perjudican a quienes se dice beneficiar. El registro fue uno de los blancos, casi una confesión de que se realizan numerosas operaciones sin asiento fiscal para evitar el pago de gravámenes.