En marzo de 2025 un helicóptero hizo un sobrevuelo rasante en un sector del Parque Nacional Quebrada del Condorito donde hay aves en estado de conservación vulnerables. La fiscalía consideró que era un caso para resolver mediante soluciones alternativas y acordó una reparación de 9 millones de pesos
Por sugerencia de las autoridades del parque, en vez del dinero, se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad para los guardaparques.
En el marco de un proceso de aplicación de medidas alternativas al proceso penal, un piloto debió reparar el daño ambiental ocasionado por el sobrevuelo no autorizado de un helicóptero en un sector protegido del Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, donde habitan aves en estado de conservación vulnerable. Como parte de la solución acordada, entregó 30 pares de calzado técnico destinados a los guardaparques del lugar.
La medida se adoptó con la intervención de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de Córdoba, a cargo del fiscal Carlos Gonella, y cuyo coordinador es el auxiliar fiscal Gonzalo Fragueiro. La entrega del equipamiento se realizó en la sede de la Fiscalía General N°2 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, con la presencia de los representantes del MPF; la representante legal de la Administración de Parques Nacionales, Mariel Viviana Schneider; la intendenta del Parque Nacional La Quebrada del Condorito, Elizabeth Tosca Gattolín; y el guardaparque Nicolás Vallejos.
El hecho ocurrió el 15 de marzo de 2025, al mediodía, cuando un guía autorizado del parque advirtió el sobrevuelo de un helicóptero que ingresó en dos oportunidades y a baja altura sobre un Área de Conservación, en las inmediaciones del sector conocido como “Baño del Cóndor”, un sitio utilizado por estas aves para el descanso y el acicalamiento. En ese contexto, se logró identificar la aeronave involucrada por su matrícula.
La conducta observada se encuentra prevista como infracción en el Código Aeronáutico. No obstante, el Ministerio Público Fiscal consideró que el caso reunía las condiciones para una resolución adecuada mediante la aplicación de medidas alternativas al proceso penal.
A partir de ello, se entablaron conversaciones con la defensa del denunciado y con la representación de la Administración de Parques Nacionales. Tras diversos encuentros, se acordó la aplicación del instituto de la reparación integral del perjuicio, mediante el pago de una suma equivalente a 9 millones de pesos.
Sin embargo, y con el objetivo de brindar una respuesta más eficaz y orientada a la recomposición concreta del daño, se descartó el pago directo de dinero y se consultó a la autoridad del parque sobre sus necesidades operativas. Como resultado, se dispuso la entrega de 30 pares de zapatillas de trabajo y calzado de seguridad de alta calidad, que serán distribuidos entre los guardaparques para el desarrollo de sus tareas cotidianas.
Según explicaron las autoridades especializadas, la protección del cóndor andino resulta prioritaria, en particular en esa zona, donde se concentra diariamente un número significativo de ejemplares de distintas edades. En la provincia de Córdoba, la especie se encuentra en estado de conservación vulnerable, con una población relativamente aislada y afectada por la pérdida de hábitat y la persecución.
El disturbio provocado por sobrevuelos a baja altura en sitios utilizados por los cóndores puede generar un estrés significativo, inducir el abandono de áreas de descanso y alterar patrones de conducta y procesos fisiológicos que impactan negativamente en su salud. A ello se suma el riesgo de colisiones con aeronaves, que puede derivar en mortalidad directa.
Cualquier afectación resulta especialmente grave si se considera la baja tasa reproductiva de la especie, que tiene una cría cada dos años y alcanza la madurez reproductiva recién después de los seis años. Por ese motivo, las autoridades del parque destacaron la necesidad de reducir al mínimo cualquier amenaza que comprometa la supervivencia del cóndor andino y la conservación de la especie en la región.
Fuente: Ministerio Público Fiscal
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