La Justicia Federal investiga el direccionamiento de licitaciones en el edificio donde funciona la sede de la Arca (ex Afip) Santa Fe. Según el fallo, los cánones abonados a lo largo de casi una década por el organismo generaron una diferencia de más de 544 millones de pesos a favor de un fideicomiso privado
La causa que investiga al ex jefe de la Afip en Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, sumó un nuevo capítulo en la capital provincial. El juez federal Aldo Alurralde dictó el procesamiento de Vaudagna, de los agentes estatales Diego Cignetti y Carlos Barrale, y del empresario Carlos Bsereni, representante del Fideicomiso La Plaza. La medida se tomó por presuntos ilícitos cometidos en el proceso de alquiler de las oficinas donde actualmente funciona la agencia Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca – ex Afip), ubicada en Salta 2771 de la ciudad de Santa Fe.
El foco de la investigación se centra en los montos de dinero bajo sospecha que el Estado abonó de forma irregular.
Según el magistrado, los pagos realizados entre abril de 2016 y enero de 2025 estuvieron muy por encima de los ajustes inflacionarios de cada período. La hipótesis de la acusación sostiene que esta maniobra generó un perjuicio estatal, y una ganancia indebida para el fideicomiso, de 544.281.716 de pesos, cifra actualizada a valores de junio de 2025.
Para asegurar la eventual responsabilidad de los implicados, la Justicia federal dispuso además un embargo de 20 millones de pesos para cada uno de ellos.
La prueba fundamental que sostiene estos procesamientos surgió de los mensajes de WhatsApp hallados en los teléfonos secuestrados. De acuerdo a la resolución judicial, el agente Diego Cignetti funcionó como el nexo para la entrega de retribuciones indebidas.
Los registros de chats muestran una frecuencia sistemática de mensajes donde Cignetti le informaba a Vaudagna que tenía «algo» o un «sobre» para él.
Estas comunicaciones se extienden en el tiempo: el 23 de junio de 2014 Cignetti le avisó que pasaría a llevarle «algo y una pregunta», frase que se repitió con variantes el 1° de agosto y el 18 de noviembre de ese mismo año, y continuó durante 2015 y 2016.
Incluso el propio Vaudagna, el 3 de noviembre de 2016, le pidió a su subordinado que le avisara si estaba el fin de semana para pasar a buscar «lo que me dijiste».
La fiscalía sostiene que los ex funcionarios direccionaron la licitación pública para favorecer al Fideicomiso La Plaza mediante la inclusión de cláusulas arbitrarias en los pliegos que buscaban excluir otras ofertas competitivas.
En los chats analizados, el empresario Bsereni llegó a consultar a Cignetti si debían realizar alguna maniobra ante la posibilidad de que otra empresa ganara la licitación, a lo que Vaudagna respondió que, salvo que hubiera «presión política», era imposible que perdieran.
El tono de las conversaciones llegó a ser incluso amenazante por parte del empresario, quien en abril de 2015 advirtió que si los nuevos jefes seguían exigiendo el cumplimiento de normativas edilicias, no renovaría el contrato para alquilar el inmueble al Poder Judicial.
Dada la magnitud del perjuicio económico y la estructura jerárquica de los involucrados, en el caso trabajan de forma conjunta fiscales de diversas unidades especializadas.
La acusación es impulsada por los fiscales federales Walter Rodríguez y Roberto Javier Salum, junto a Milagros Traverso de la Unidad Fiscal Santa Fe. A ellos se suman Esteban Luis Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), y Juan Agustín Argibay Molina, titular de la delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El Caso Vaudagna representa actualmente la mayor causa de corrupción administrativa en la historia de la provincia. El ex jefe de la Afip, quien tiene diversos procesos abiertos y declaró formalmente como arrepentido, enfrenta un entramado judicial que se ramifica hacia otros actores de peso.
En este marco, el ex funcionario mantiene causas que lo vinculan con el empresario Fernando Whpei y con el juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal 4 de Rosario, en una red de investigaciones que busca determinar el alcance de los delitos cometidos durante la década que duró su gestión.
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