CRA le solicitó formalmente a Pullaro que revise una millonaria multa que pesa sobre un productor santafesino que desmontó 6 hectáreas de su campo

Las Confederaciones Rurales Argentinas enviaron una carta formal al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para intentar torcer una multa multimillonaria que pesa sobre un productor ganadero del norte provincial, y también una multa por un supuesto delito ambiental, publicó el sitio Bichos de Campo.

El caso tiene como protagonista a Eduardo Alejandro Bieler, ganadero de Vera y ex jefe de la Policía Rural santafesina. Todo comenzó hace unos años, cuando Bieler decidió limpiar un renoval que había avanzado sobre alambrados y viejas picadas dentro de su establecimiento. La intervención abarcó apenas seis hectáreas —menos del tres por ciento del campo— y, según su versión, solo implicó retirar monte secundario para mantener en funcionamiento la explotación ganadera.

Pero la Secretaría de Ambiente provincial consideró que esas tareas constituyeron un desmonte ilegal en violación de la Ley de Bosques. El expediente avanzó y, en 2021, la administración provincial fijó una sanción contundente con una multa de 379 millones de pesos, monto que luego fue ratificado este año mediante un decreto del gobernador. Con la resolución firme, el caso pasó a la instancia de apremio fiscal, lo que habilita el embargo de la propiedad rural para ejecutar la cobranza, siempre según el sitio mencionado.

Bieler sostiene que nunca tocó el bosque nativo original y que solo removió renovales que habían crecido sobre infraestructuras existentes. Alega, además, que la omisión del trámite previo fue un error administrativo, no una acción dolosa. En el sector productivo, la sanción despertó alarma por su magnitud, considerada por muchos como confiscatoria, y por el posible precedente que pueda sentar respecto del manejo de renovales en zonas ganaderas del norte santafesino.

Eso hizo que CRA enviara una carta formal, por considerar la multa excesivamente alta, y que no se está teniendo en cuenta el recurso contencioso administrativo que lleva el productor ante la Cámara de lo Contencioso de Santa Fe, ya que se trata de una resolución sin fallo firme aún. En la carta, los ruralistas expresan “su fuerte preocupación” por lo sucedido con Bieler, y piden que se suspendan las acciones del caso.

En la presentación CRA marca que la Provincia inició un juicio de apremio en el expediente “Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático c/ Bieler, Eduardo y otros”, mientras el productor ya tramitaba un recurso contencioso administrativo. Para la entidad, avanzar con ambos procesos en simultáneo “desnaturaliza el carácter suspensivo” que deberían tener estos casos hasta que la Justicia se exprese, publicó Bichos de Campo.

CRA también advierte que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido sanciones de este tipo como de naturaleza penal, lo que exige, según dicen, un control judicial previo a cualquier ejecución. La entidad rural plantea que esta situación no solo afecta al productor involucrado, sino que erosiona la confianza del sector en los mecanismos de control estatal y en el debido proceso.

Otro punto que generó alarma en CRA es la desproporción de la multa, equivalente a 900 sueldos básicos (más de $379 millones a diciembre de 2024), cifra que —según remarcan— supera incluso el valor del predio rural del propio productor. La entidad habla directamente de un efecto “confiscatorio”, incompatible con los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben guiar la actuación sancionatoria del Estado.

Si bien CRA reconoce la importancia de la política ambiental de Santa Fe, advierte que ninguna sanción puede poner en riesgo la continuidad económica de una familia productora, aun en caso de que eventualmente se comprobara algún incumplimiento.

En la nota, siempre según este medio, CRA le solicita al gobernador Pullaro que instruya a los fiscales para suspender el juicio de apremio hasta que la Justicia resuelva, y que habilite una instancia de diálogo técnico entre el Ministerio de Ambiente, las entidades rurales y el propio productor, con el objetivo de encontrar una salida “proporcionada y compatible con el Estado de Derecho”.