Crece el debate por la baja de la edad de imputabilidad

El debate por la imputabilidad de los menores se intensificó hoy luego de que el gobierno nacional y el provincial ratificaran sus diferencias. A su vez ambos buscaron unificar sus discursos al reclamarle a la oposición que consiga quórum para reformar la ley.

La reacción de ambos gobiernos generó nuevos cruces con la oposición que involucraron al diputado Francisco de Narváez, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, el ex presidente Eduardo Duhalde y el titular de la UCR, Ernesto Sanz, entre otros.

Por su parte, el gobernador Daniel Scioli insistió hoy en su pedido para que se baje la edad de imputabilidad de los menores y apuntó directamente contra el diputado Francisco de Narváez y el arco opositor, a quienes les pidió que den sanción completa a la Ley de Responsabilidad Penal.

Ante este reclamo, De Narváez respondió que «fue el propio kirchnerismo el que trabó en la Cámara de Diputados el tratamiento de la penal juvenil» y recomendó a Scioli que llame a la presidenta Cristina Kirchner y «le pida que convoque el lunes a sesiones extraordinarias en el Congreso».

El discurso de la Casa Rosada fue enarbolado por los ministros del Interior, Florencio Randazzo, y Nilda Garré, quienes evitaron confrontar con Scioli y le apuntaron a la oposición, pese a que en su mayoría plantea cuestiones similares a las que propone el mandatario provincial.

Randazzo dijo que como la oposición cuenta con mayoría en la Cámara de Diputados debería reunir el quórum necesario para poder tratar un proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad. «El proyecto tiene media sanción del Senado, sería bueno que la oposición, que tiene mayoría y ha discutido tantas estupideces, pueda discutir esto», indicó el funcionario en un acto en Casa de Gobierno junto a su par de Seguridad, Nilda Garré.

Sin embargo, en la oposición no hay una opinión unificada, ya que los partidos de izquierda más el socialismo y el GEN se oponen a modificar el régimen de punibilidad juvenil.

En ese marco, la ministra Garré, ratificó la postura de la Casa Rosada contraria a los cambios y agregó: «Si ser garantista es respetar la Constitución, entonces todos debemos serlo». Al igual que su colega de la cartera de Interior, Garré consideró innecesario modificar el régimen penal para menores al señalar que «los jueces tienen las herramientas» para privar de su libertad a los menores «en caso de peligrosidad». «Hay un proyecto en el Parlamento con media sanción. Está en Diputados y son ellos quienes tienen la última palabra. Lo que corresponde decir, para llevar tranquilidad a la gente, es que los jueces tienen herramientas excepcionales para casos en que los menores, por peligrosidad, pueden llegar a ser privados de su libertad, aunque no en cárceles comunes», indicó.

Scioli remarcó desde Mar del Plata que la posición de su gobierno «es muy clara» y amplió: «Desde hace más de dos años que venimos planteando que de acuerdo inclusive al fallo de la Corte Suprema de la Nación, García Méndez, que instaba a que el Congreso nacional avance en el debate y posterior sanción a la ley de Responsabilidad Penal Juvenil que incluye la baja en la edad de la imputabilidad para delitos graves, dolosos. Esto tiene media sanción en el Senado de la Nación».

En respuesta a las declaraciones de Scioli, De Narváez sostuvo que «fue la diputada oficialista Diana Conti, compañera de lista de Scioli en el 2009, la que influenció para hacer fracasar el tratamiento del tema en Diputados» y agregó que el gobernador «tendrá además que arreglar sus diferencias con el ministro Randazzo, que se manifestó públicamente en contra”. «Esta semana le ofrecí públicamente al gobernador que reunamos la Legislatura bonaerense ya, antes de febrero, para tratar el régimen procesal penal juvenil de la Provincia. Y también le he pedido a la señora Presidenta que convoque a sesiones extraordinarias del Congreso para abordar el mismo tema», señaló el diputado de Unión Celeste y Blanco.

Para Duhalde, «los menores asesinos no pueden estar un día en la calle. Deben ser tratados en los cuarteles militares por sociólogos y psicólogos», mientras que Macri dijo «que va a luchar por una ley juvenil moderna» y Sanz consideró que la baja de la imputabilidad por sí sola no alcanza».