Será el día en que la Cámara alta vote el proyecto oficial denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”
La convocatoria para marchar al Congreso el próximo 6 de agosto comenzó a ganar fuerza en los últimos días. Ese mismo día, el Senado tiene previsto retomar el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, un proyecto que modifica distintas normas vinculadas al uso de la tierra y la propiedad privada. Quienes rechazan la iniciativa sostienen que facilitará la extranjerización de las tierras rurales y reducirá los controles sobre recursos considerados estratégicos.
La protesta reúne a organizaciones sociales, ambientales, territoriales, sindicales y referentes de distintos sectores que buscan frenar la aprobación del proyecto. Además de la movilización frente al Congreso, durante la semana previa se realizarán actividades de difusión, clases públicas, radios abiertas y encuentros en distintas provincias para explicar el alcance de la reforma.
El debate ya había quedado en suspenso semanas atrás por falta de acuerdos políticos. Ahora el oficialismo intentará volver a reunir los votos para avanzar con una de las iniciativas que considera clave dentro de su agenda de desregulación.
Uno de los puntos que genera más rechazo es la reforma de la Ley de Tierras Rurales, aprobada en 2011 para poner límites a la compra de campos por parte de extranjeros.
Hoy la ley establece que las personas y empresas extranjeras no pueden tener más del 15% de las tierras rurales del país. Ese mismo tope también rige en cada provincia y municipio. Además, una misma persona o empresa extranjera no puede comprar más de 1.000 hectáreas en la zona agrícola más productiva del país, o su equivalente en otras regiones.
El proyecto de Milei elimina todos esos límites. Si se aprueba, ya no habrá un porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras ni un tope a la cantidad de hectáreas que podrá comprar un mismo propietario.
El Gobierno asegura que la reforma busca dar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones. En cambio, las organizaciones que convocan a la marcha sostienen que los cambios facilitarán la concentración de tierras en manos de grandes capitales extranjeros y reducirán los controles sobre un recurso que consideran estratégico para el país.
El proyecto no solo cambia la Ley de Tierras. También modifica la ley de expropiaciones para hacer más difícil que el Estado pueda recuperar un bien cuando lo considere de utilidad pública.
Además, propone acelerar los desalojos y eliminar parte de la Ley de Manejo del Fuego, que hoy prohíbe cambiar el uso de tierras que fueron afectadas por incendios durante un período determinado. Esa norma fue creada para evitar que se prendan fuego campos, bosques o humedales con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales.
El Gobierno sostiene que estas reformas buscan proteger la propiedad privada y dar más seguridad a quienes invierten en el país. En cambio, las organizaciones que convocan a la marcha advierten que los cambios favorecen a grandes propietarios y fondos de inversión, y que reducen la protección sobre tierras y recursos naturales considerados estratégicos.
La movilización tomó mayor visibilidad en las últimas horas luego de que Lali Espósito compartiera en sus historias de Instagram una publicación con la consigna “Argentina no está en venta”.
La imagen invita a participar de la protesta del 6 de agosto frente al Congreso bajo el lema “No a la Ley de Extranjerización” y fue difundida por el Observatorio de Tierras. También fue compartida por la actriz Dolores Fonzi.
Aunque la cantante no agregó un mensaje propio, la difusión en sus redes permitió que la convocatoria alcanzara una audiencia mucho más amplia y volviera a instalar el debate sobre la reforma impulsada por el Gobierno.
La sesión del Senado será una prueba política para el oficialismo. Si logra reunir los apoyos necesarios, avanzará con una reforma que modifica parte del régimen sobre tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Si no consigue los votos, volverá a quedar frenado un proyecto que ya había intentado impulsar mediante el DNU 70/2023.
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