Crédito para el endeudamiento

El Senado de la provincia dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se pide autorización legislativa para tomar créditos de corto plazo por 2 mil millones de pesos para atender “desequilibrios financieros”. El texto había sido remitido por el ministro de Economía, Ángel Sciara, a mediados de septiembre. En la sesión de ayer, el Senado lo aprobó con un solo voto en contra: el de Alcides Calvo, representante del departamento Castellanos y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

De acuerdo a las explicaciones de Sciara, los préstamos que gestionará el gobierno provincial –una vez que la Cámara de Diputados sancione la ley– no constituyen “endeudamiento” ya que se cancelarán en el corto plazo. Si bien los senadores del oficialismo, al defender el proyecto, aseguraron que no corre riesgo el pago de sueldos y aguinaldos, en su exposición el representante del departamento San Cristóbal, Felipe Michlig (UCR), indicó que de no contar con la herramienta el gobierno deberá discontinuar la obra pública para poder cumplir en tiempo y forma con la política salarial.

El presupuesto vigente contempla recursos y gastos por casi 76 mil millones de pesos e incluye una partida de 400 millones para financiamiento a corto plazo. Agotados esos recursos, Sciara solicitó a la Legislatura autorización para gestionar 2 mil millones de pesos adicionales a los 400 millones ya autorizados. La necesidad de tomar créditos es por “los desequilibrios financieros que se producen por los desfasajes entre los recursos y los gastos”, explicó el ministro de Economía.

La media sanción se dio apenas unas horas después de que el gobierno provincial difundiera un informe de la agencia Fitch Ratings –una agencia de calificación crediticia con sede en Nueva York y Londres– que sostiene que la confianza crediticia de Santa Fe fue calificada de “alto rango” por la estabilidad de la provincia, el desempeño operativo de las finanzas en los últimos años y la “prudente política de endeudamiento” que viene desarrollando el Poder Ejecutivo. La nueva calificación a largo plazo sube la nota de A+ a AA-, lo cual implica que el rango de confianza se eleva de un nivel medio a uno superior.

Santa Fe posee la calificación más alta de un gobierno subnacional en la Argentina, compartiendo nota sólo con la ciudad de Buenos Aires.

Cuestión de fondos

Tras la media sanción, el senador Michlig reconoció que “la provincia necesita algunas herramientas para poder financiarse y salir de la coyuntura en un contexto macroeconómico con muchas dificultades”. El legislador oficialista defendió el proyecto argumentando la necesidad poder pagar en tiempo y forma salarios y aguinaldo sin tener que frenar las obras públicas en marcha. Michlig también remarcó el proceso de desendeudamiento de la provincia: en 2003 representaba el 64 por ciento de los recursos mientras que en 2015 representa apenas el 2 por ciento.

Por su parte, el justicialista Alcides Calvo justificó su rechazo al proyecto al solicitarle a sus pares “más días” para estudiar la iniciativa, cosa que no ocurrirá. Calvo cuestionó “la subejecución de la obra pública” y el aumento del gasto corriente. Y añadió: “Este endeudamiento es un maquillaje para decir que esta gestión hizo una muy buena administración financiara, cuando realmente no fue así”.

El senador opositor reconoció que en los ocho años del Frente Progresista “hubo diálogo, respeto, trabajo en conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero lamentablemente cuando analizamos las obras públicas y la administración de los recursos de los santafesinos, dejan mucho que desear”.

Acciones contra los canales de agua clandestinos

Con el objetivo de solucionar los problemas provocados por el exceso de lluvias, el Senado provincial dio media sanción a un proyecto que incluye mecanismos de acción contra los canales clandestinos. La iniciativa, girada a la Cámara de Diputados, establece que la autoridad de aplicación puede demoler las obras realizadas en forma irregular por particulares y además aplicar fuertes multas. El objetivo es “evitar que se altere o modifique el escurrimiento natural de las aguas”, algo que quedó a la vista durante la reciente inundación de Sanford y Casilda. El proyecto fue elaborado por el senador del departamento General López, Lisandro Enrico (UCR).

Protección de testigos y Fondo de recompensas ya son ley

El Programa de Protección de Víctimas y Testigos y el Fondo de Recompensas, dos herramientas claves para el combate del delito que venían siendo reclamadas desde hace tiempo por los fiscales, fueron convertidos en ley en la sesión de ayer del Senado provincial. La Legislatura ya había unificado dos proyectos similares –uno del diputado del FpV Leandro Busatto y otro del senador radical Hugo Marcucci– que surgieron de un trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado.

La media sanción de Diputados había sido el 1º de octubre. Tres semanas después el Senado lo convirtió en ley. El objetivo del Programa de Protección de Testigos es generar una herramienta para garantizar la seguridad de las personas que puedan testificar en procesos judiciales. Las víctimas y los testigos de hechos delictivos venían planteado ante las autoridades su temor a las represalias, motivo por el cual se entorpecen muchas veces las investigaciones. Para zanjar ese problema, se ideó un programa de protección similar al que funciona para testigos de juicios de lesa humanidad.

El programa incluye un Fondo de Recompensas (el 0,45% del presupuesto anual del Ministerio de Justicia) para estimular a la población a aportar datos a la Justicia que puedan ayudar al esclarecimiento de delitos. Apunta a compensar a personas que ayuden a individualizar a los autores, cómplices, encubridores o instigadores de la comisión de delitos.

El Programa de Protección de Testigos contempla medidas como la custodia personal o domiciliaria, alojamientos temporarios en lugares reservados, cambios de domicilio, medios económicos para alojamiento, transporte, alimentación, comunicación, atención sanitaria, mudanzas, reinserción laboral, sistemas de seguridad, acondicionamiento de vivienda y todos los gastos indispensables.