Cresta Roja busca una salida a la crisis

El gobierno, la Justicia comercial y delegados de Cresta Roja se reunieron ayer con el fin de analizar ofertas presentadas por al menos cinco interesados para adquirir la empresa, pero aún no se definió el nuevo dueño de la compañía en quiebra, que da empleo a 3.500 personas en forma directa y otros 1.500 como tercerizados.

Así lo indicó a la agencia Noticias Argentinas el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne, Silvio Etchehún, quien subrayó que “una vez designado el administrador, la jueza comercial a cargo de la causa elevará las cinco propuestas vigentes”.

Sin embargo, aclaró: “Hay rumores de que el grupo Rasic va a impugnar la quiebra porque, según argumenta, no se cumplieron los plazos procesales. Si eso sucede, puede impedir que se haga efectiva la designación del administrador, tras un sorteo en el Colegio de Contadores”.

El dirigente aseguró que la reunión de ayer fue “informativa”, mientras estimó que hasta la semana próxima no habrá novedades en torno al destino de la empresa por las fiestas de fin de año.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne del Gran Buenos Aires presentó ante la Justicia un proyecto de inversión participada, por lo cual está a la expectativa de lo que se decida en los próximos días, si es que Rasic no impugna la quiebra.

Además de ese gremio, Granja Tres Arroyos y OvoProt son algunas de las empresas que se presentan como principales candidatas para hacerse cargo de la empresa, entre otras.

El conflicto en Cresta Roja tuvo un quiebre la semana anterior cuando los operarios decidieron cortar totalmente la autopista Riccheri y fueron reprimidos por Gendarmería.

En esa ocasión, los trabajadores se habían manifestado durante la mañana en Plaza de Mayo con el objetivo de entregarle un petitorio al presidente Mauricio Macri y, al no recibir una respuesta inmediata, decidieron endurecer los métodos de reclamo e impedir el acceso al aeropuerto de Ezeiza durante unas cuatro horas.

Luego de esos incidentes, los delegados de la Comisión Interna se reunieron con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y acordaron que los trabajadores recibirían una bolsa con productos de Navidad, alimentos para los pollos con el fin de retomar la actividad en las plantas, 4.000 pesos y una promesa de unos 6.000 para enero.

En el conflicto había intervenido la gobernadora bonaerense, Maria Eugenia Vidal, quien criticó la “responsabilidad de los empresarios” porque “cobraron millonarios subsidios y el dinero no llegó a los trabajadores”.