La firma Omint fue contratada durante la presidencia de Gabriela Michetti en el Senado para prestar el servicio. El oficialismo investiga si el sistema de aportes benefició a la prestadora
Cristina Fernández de Kirchner intervino por seis meses la obra social de los empleados del Congreso de la Nación y creó una comisión interdisciplinaria de fiscalización que investigará el convenio firmado con Omint, la prepaga que está a cargo de brindar servicios de salud.
La presidirá Beatriz Korenfeld, quien estuviera a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud durante el último mandato de Cristina y quien también quedó envuelta en la polémica por los fondos que debían ser destinados a algunos sindicatos como el de camioneros.
A partir de esta designación, Korenfeld deberá auditar las cuentas de la Dirección de Ayuda Social (DAS) para el personal del Congreso de la Nación. De esta forma, Cristina Kirchner tomará conocimiento de las decisiones de Gabriela Michetti durante su función y comprobará si Omint presta servicio normal y tiene sus cuentas al día.
La DAS está representada, dirigida, y administrada por una comisión, presidida por un Secretario o un Prosecretario del Senado en los años pares y, por un Secretario o Prosecretario de la Cámara de Diputados, en los años impares. El oficialismo auditará el accionar de este organismo para saber si los trabajadores del Congreso seguirán bajo este mismo sistema.
El ex secretario administrativo del Senado, Helio Rebot fue quien gestionó el último contrato con la prestadora. Según argumenta el expediente que impulsó la ex presidenta, existen «múltiples reclamos» por parte del personal del Congreso ante las «deficiencias de las prestaciones» desde la celebración del contrato.
Por otra parte el documento expuso que la actual presidencia del Senado recibió una propuesta de la Fundación Favaloro para reanudar su servicio médico al personal del Congreso. Esta prestación fue discontinuada durante la administración anterior por una cuantiosa deuda.
La comisión fiscalizadora podrá exigir información a la empresa contratada y realizará informes periódicos sobre su funcionamiento, al menos durante 180 días. Si lo considera necesario, Cristina podrá renovar la intervención por el mismo lapso.
Según publicó el sitio La Política Online, buena parte del personal del Congreso realiza sus aportes pero a cambio tiene «un precario servicio», por lo que suponen que su dinero está destinado a engrosar las cuentas de la firma Omint.
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