Crónica de una desarticulación anunciada: del Salario Social al individuo solo

Como lo contó magníficamente García Márquez, en las primeras horas uno podía presumir que la muerte de Santiago Nasar estaba anunciada. Con la llegada de Javier Milei al poder, la reflexión obligada entre compañeros era el inminente desmantelamiento del Potenciar Trabajo. Hoy, a poco más de dos años de aquel presagio, el programa parece haber llegado a su fin. Pero la gestión libertaria no solo cambió un nombre; transformó su sentido originario, instalando en lo simbólico una nueva significancia para quienes habitan los márgenes del empleo formal.

Lo que observamos es una mutación drástica: el reconocimiento del trabajador informal como sujeto colectivo ha sido desplazado por una lógica de activación individual orientada a la «empleabilidad». El eje ya no es la organización comunitaria, sino la responsabilidad del individuo de «volver» a un mercado que no lo espera. Esta secuencia expresa el pasaje de un intento de institucionalizar la economía popular hacia un esquema de focalización neoliberal. Lo que nació como conquista colectiva terminó reducido a una transferencia condicionada, fácilmente desarticulable y políticamente aislada, que no logró la legitimidad necesaria para resistir, ni siquiera entre sus propios beneficiarios.

El error del diseño y la centralidad porteña

El diseño del Potenciar Trabajo revelaba tensiones estructurales. Aunque centralizado presupuestariamente, su ejecución dependía de la mediación de organizaciones sociales. En esa arquitectura, los estados provinciales y municipales quedaron fuera, al igual que las instituciones del territorio: centros de salud, escuelas o clubes.

Nunca existió una cartografía comunitaria integral, construida de manera participativa, que definiera colectivamente quiénes debían acceder. En muchos barrios populares de Rosario o Santa Fe, resultaba difícil explicar los criterios de acceso a compañeros que, en iguales condiciones, quedaban fuera. Esa falta de articulación estatal-comunitaria generó fragmentación. La lógica neoliberal penetró incluso en lo colectivo: cuando una política no es legitimada ampliamente por todo el entramado territorial, el «enemigo» deja de ser el sistema y pasa a ser el vecino de enfrente que accedió a un derecho que al otro le fue negado.

Este es un aprendizaje indispensable: no hay desmantelamiento simple cuando una política es apropiada por el sector que la integra. Y, desde una humilde opinión, eso nunca terminó de pasar en nuestra región. Durante los gobiernos del Frente Progresista y del Peronismo, nunca se llegó a saber a ciencia cierta cuántos «Potenciar» había en términos provinciales, perdiendo la oportunidad de robustecer el programa con políticas locales.

El interior: historias que Buenos Aires no lee

La centralidad porteña en la asignación de recursos y el imaginario de que el AMBA se reproduce linealmente en todo el país es una deuda pendiente. Las prácticas cotidianas en los barrios de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista o el cordón industrial tienen dimensiones muy distintas a las de la Capital Federal o el Conurbano, de donde provienen la mayoría de los referentes que diseñan estas iniciativas.

Párrafo aparte merece la gestión de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana), bajo la conducción de Fernanda Miño. Desde una estructura nueva, logró priorizar el territorio y mejorar lugares reales mediante acuerdos con distintos niveles del Estado y organizaciones. Esa materialidad le valió un reconocimiento que trasciende la gestión: cuando la política se hace obra y comunidad, su importancia se vuelve indiscutible.

Disputar el sentido frente al vacío

Hoy, la organización territorial pierde terreno frente a un mercado que no genera empleo protegido. En ese vacío, mientras el Estado se retira, se consolidan las economías de plataforma y, peligrosamente, las economías ilegales. El narcotráfico no solo ofrece ingresos; ofrece identidad y pertenencia allí donde las instituciones estatales pierden peso.

Pensar políticas sociales hoy implica ir más allá de la transferencia directa. Las transferencias son necesarias, pero insuficientes cuando cargan sobre el individuo la responsabilidad de transformar su destino. La inclusión real supone construir bienes públicos comunes capaces de disputar las angustias y las soledades de los jóvenes.

Discutir el trabajo es disputar un modelo productivo, pero también intervenir en los recorridos vitales de los pibes y pibas, ofreciendo horizontes colectivos. La inclusión no puede reducirse a una cuenta bancaria: requiere, ante todo, reconstruir comunidad.