Cuáles son las modificaciones que plantea el gobierno para renovar la Ley de Salud Mental

El Gobierno enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la Ley de Salud Mental, sancionada en 2010 después de un amplio debate, con la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

“Busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, argumentaron, al tiempo que revelaron que aspiran a “clarificar” conceptos y criterios.

Para la tarea se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, pero también de actores del ambito judicial y legislativo para detectar los problemas en la práctica diaria.

Entre los impedimientos se detectó que sólo 16 de 23 jurisdicciones nacionales adhirieron formalmente a la ley y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental por lo que las respuestas son diferentes en cada distrito.

En la administración libertaria aseguran que el término “padecimiento mental” es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoras en la intervención cuando existen riesgos.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde la cartera.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con intención de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”.

Sin embargo, aclaran que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”, y remarcan que los psiquiatrás podrán indicar una “internación involuntaria”, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

“Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, sostuvieron.

En otro pasaje del proyecto, propone fortalecer la red de atención en salud mental, con hospitales especializados, en detrimento a la ley vigente que impulsa el cierre de hospitales psiquiátricos. Actualmente existen 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, con la incorporación de áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y SEDRONAR.

En los casos que exisan internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta y se considera que su capacidad de decisión está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria con notificación a la Justicia, tras la intervención de profesionales.

“La Ley de Salud Mental no funciona. Celebro que el Gobierno Nacional avance con una reforma. Es un tema sobre el que venimos trabajando hace años, y que las familias reclaman y los pacientes necesitan con urgencia”, dijo el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri al conocer la noticia.

“Desde la Ciudad, nuestro equipo de salud está a disposición del Congreso para trabajar en una ley mejor, con respuestas concretas”, agregó el intendente porteño.

Fuente: Data Clave