Este lunes la Justicia federal retomó dos causas de lesa humanidad. En el país son trece, pero en ninguna ciudad confirmaron el inicio de ningún debate nuevo para 2025
Por Candela Ramírez
Terminó la feria judicial, así que este lunes 9 de febrero se reanudaron en los Tribunales Federales de Rosario juicios de lesa humanidad: aquellos que investigan los crímenes cometidos por el Estado contra su población desde mediados de los 70, hasta 1983.
A pesar de que los procesos se llevan adelante en Rosario, se trata de violaciones de derechos humanos que sucedieron en otras ciudades: la causa Pellegrini, mejor conocida como Acindar o El Villazo, investiga la represión ilegal en Villa Constitución en 1975; la causa Saint Amant IV investiga los crímenes cometidos al noroeste de Buenos Aires en San Nicolás, Baradero, San Pedro y Pergamino.
Los organismos de derechos humanos convocan a la población a acompañar nuevamente estas audiencias en las puertas del tribunal, ubicado en Oroño 940.
Son los únicos juicios que aparecen en el horizonte, no está previsto el inicio de ninguna otra causa en la ciudad durante 2025. Lo mismo pasa en el resto del país.
Se reinician 13 juicios orales y públicos pero no hay fecha de inicio de ningún debate. En el caso de Santa Fe, a fines del año pasado se había confirmado que durante el primer semestre de 2025 empezaría la segunda elevación de la causa Chartier (conocida como Laguna Paiva) pero hasta ahora no hay novedades.
Empezó este lunes 9 de febrero a las 9. Es la primera elevación, es decir que hasta ahora la Justicia nunca había investigado estos crímenes que sucedieron en marzo de 1975, un año antes del inicio del último golpe militar en Argentina. Las querellas y la fiscalía buscan probar que el plan sistemático para perseguir y matar personas por su identidad política empezó antes.
El operativo se dio durante un gobierno constitucional, el de María Estela Martínez de Perón (Isabelita), y se llamó Serpiente Roja del Paraná.
La causa está a cargo del Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario, integrado por Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci.
En este tramo de la causa hay 75 víctimas, el número se ampliará en las próximas elevaciones. Eran trabajadores metalúrgicos, la mayoría organizados sindicalmente. Casi todos eran empleados de Acindar.
Se investigan secuestros, torturas y asesinatos. Hay 22 imputados: dos de ellos eran parte de la empresa, Roberto Pellegrini era el jefe de personal y es la primera vez en la región que se juzga la pata empresarial de la dictadura.
El juicio empezó en noviembre de 2023, se hicieron varias audiencias a la semana y ya pasaron más de cien testigos. Se espera que haya sentencia antes de mitad de año.
Empezó este martes 10 de febrero a las 9. Es la cuarta elevación, por su dimensión se la llama megacausa y ya hubo tres sentencias donde se juzgaron los crímenes cometidos en el Área Militar 132, que abarcaba gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires: en este caso San Nicolás, Baradero, San Pedro y Pergamino.
La causa está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario, integrado por Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.
Hay 59 víctimas, la mayoría también eran trabajadores. Está previsto que lleguen a declarar unos 150 testigos. Hay 11 imputados, entre los que hay responsables del Área Militar 132, integrantes de las delegaciones locales de la Policía Federal y de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Se los investiga por secuestros, torturas y asesinatos.
El juicio empezó en marzo de 2024, pero avanza más lento que el del Villazo: las audiencias se dan cada 15 días.
Para la mayoría de las partes del proceso, estos juicios deberían llevarse adelante en las localidades donde ocurrieron los crímenes. Es un reclamo de los propios sobrevivientes, sus familiares, abogados querellantes y la Fiscalía, que consideró que “deberían constituirse tribunales en cada una de las ciudades donde sucedieron los hechos”.
En ambas causas consiguieron que algunas audiencias se hicieran así, en particular cuando declararon víctimas y familiares. Pero luego el proceso continuó en Rosario.
Quienes defienden esta idea subrayan que las comunidades se ven conmovidas cuando se realizan las audiencias, que además son públicas, y permiten que muchos habitantes que no conocían la historia tengan un primer acercamiento a ella. Al celebrarse audiencias a por lo menos 70 kilómetros o hasta 160, muchos no pueden viajar y la comunidad no vive en primera persona la realización de un juicio que investiga crímenes tan graves contra la humanidad cometidos en su propio lugar.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) considera a los crímenes de lesa humanidad aquellos «considerados graves violaciones a los derechos humanos por su extrema gravedad y por la intervención en ellos de las autoridades estatales o por su incapacidad para reprimirlos».
En Argentina las causas de este tipo se retomaron en 2006 y ya se dictaron 332 sentencias en todo el país. Desde entonces se viene probando que hubo un plan sistemático de persecución, secuestro, torturas, asesinatos, desapariciones de personas y robo de bebés en todo el territorio. Y que se montaron cientos de centros clandestinos de detención que necesitaron del trabajo y complicidad de cientos de personas entre las que hay personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad pero también de funcionarios judiciales, médicos, entre otras profesiones que colaboraron en el genocidio.
El MPF establece, además, que es responsabilidad del Estado investigar, juzgar, sancionar y reparar estas violaciones, por la Constitución Nacional y por los compromisos del Estado argentino con el Derecho Internacional que prevé la sanción de este tipo de delitos.
En Rosario la primera causa de este tipo se abrió en 2006 y la primera condena fue en abril de 2009.
En 2024 hubo 14 sentencias en todo el país, mientras que el año anterior hubo 23. Los datos son del último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicado en diciembre de 2024.
La mayoría de los condenados (79%) cumple su detención bajo arresto domiciliario, no en cárceles comunes.
Hay 33 prófugos y ya no existe el área del Ministerio de Seguridad que ofrecía recompensas en caso de dar un dato que ayudara directamente a encontrarlos. Es una de las tantas políticas públicas desmanteladas por el gobierno de Javier Milei.
“Del total de personas que permanecen prófugas de la justicia: a 11 se les ha negado la extradición, 1 se encuentra en proceso de extradición; 3 están localizados, y de 18 no se conoce su paradero”, indicaron.
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