Tiene 32 años y fue condenado en los Tribunales de Santa Fe por provisión ilegal de armas agravada por habitualidad. Tenía registradas nueve pistolas a su nombre, pero en los allanamientos solo le encontraron dos: una de las faltantes había sido secuestrada a un acusado de tentativa de homicidio
Un santafesino de 32 años, identificado como Brian Armando Aquino, fue condenado a cuatro años de prisión tras comprobarse que utilizó su condición de legítimo usuario para adquirir armas de fuego que luego desviaba de manera habitual hacia el mercado ilegal. La sentencia fue dictada por la jueza Susana Luna al término de un juicio oral y público realizado en los Tribunales de la ciudad de Santa Fe, en el cual declaró a Aquino autor penalmente responsable del delito de provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad. Además de la pena privativa de la libertad, el fallo le impuso una inhabilitación especial de 10 años para volver a desempeñarse o ser autorizado como legítimo usuario.
El caso tuvo su origen a partir de las herramientas de control fijadas en un convenio de colaboración institucional firmado en abril de 2024 entre la fiscal general María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el titular del organismo nacional de control de armas (ANMaC), Juan Pablo Allan, enfocado en reducir la circulación indebida de armamento en el territorio.
La investigación, llevada adelante por la fiscal Juliana González, logró reconstruir la trama detrás del circuito ilegal que alimentaba el condenado. Aquino figuraba en los registros oficiales como titular de cinco pistolas calibre 380 y cuatro calibre 9 milímetros. Su raid de compras había comenzado con una unidad en 2021, otra en 2023, una tercera en 2024 y seis adquiridas durante el año pasado. Las operaciones se concretaron mediante transferencias entre particulares y compras directas en tres armerías de la capital provincial.
Con las credenciales en regla, Aquino se valía de su habilitación formal para comprar el armamento y luego entregarlo a personas que carecían de todo permiso legal. Las pesquisas patrimoniales revelaron además que el hombre no contaba con ingresos ni capacidad económica para justificar de manera lícita semejante volumen de compras. La hipótesis fiscal determinó que vendía las pistolas a precios notoriamente superiores a los del mercado formal y utilizaba parte del dinero obtenido para financiar la adquisición de nuevo armamento, completando así un circuito comercial clandestino y autosustentable.
La caída del imputado se concretó el 3 de diciembre del año pasado, cuando la fiscal ordenó su detención en una serie de allanamientos ejecutados por la Policía Federal Argentina. Durante los procedimientos, los efectivos únicamente pudieron secuestrar dos de las nueve pistolas que figuraban inscritas a su nombre. Al constatar que las siete restantes no registraban denuncias por robo, hurto ni extravío, la Fiscalía confirmó que habían sido desviadas deliberadamente al circuito ilegal. El riesgo de este accionar quedó evidenciado en el transcurso de la causa: los investigadores detectaron que una de las pistolas calibre 380 que Aquino había comprado legalmente fue secuestrada en noviembre de 2023 en manos de un hombre que, meses más tarde, terminó condenado por un intento de homicidio cometido con esa misma arma.
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