Raúl Castro admitió retraso del plan de reducción de 500 mil empleos estatales.
“La actualización de nuestro modelo no es tarea de un día, ni siquiera de un año, y por su complejidad demandará no menos de un quinquenio desplegar su implementación”, dijo Raúl Castro a la cúpula del gobierno, citado ayer por el diario oficial Granma, en donde se da cuenta de una reunión ampliada del Consejo de Ministros efectuada el viernes pasado.
Las reformas impulsadas incluían el cierre de 500.000 empleos estatales hasta marzo; una apertura del trabajo privado, cooperativo y a la pequeña y mediana empresa, para acoger a esos trabajadores desplazados, así como la autonomía a las empresas estatales, todo ello en busca de mayor eficiencia, menor paternalismo y centralización estatal.
“En esta actividad estratégica no debe dejarse espacio al apresuramiento y la improvisación, porque la mayor amenaza a la revolución reside precisamente en los errores que podamos cometer”, alertó el gobernante de 79 años.
Raúl Castro orientó “ajustar el cronograma” de los 500.000 despidos, fijado inicialmente hasta marzo, pues “una tarea de esta magnitud, que afecta de un modo u otro a tantos ciudadanos, no puede enmarcarse en plazos inflexibles”.
El presidente cubano prometió que las opiniones recogidas en el debate del Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, serán analizadas independientemente de la cantidad de personas que las hayan emitido.
“Conozco varias personas que han quedado disponibles (denominación oficial de los desplazados) y no encuentran donde trabajar, el escenario no está listo para aplicar las medidas”, dijo a la AFP Felipe Zambrano, 57 años, empleado de una cadena hotelera estatal.
Según explicó el viceministro del Trabajo José Barreiro a la AFP, los disponibles serían absorbidos por otros organismos estatales –como la agricultura y la construcción– que aún requieren mano de obra, el trabajo privado y “otras formas de gestión no estatales”.
Es decir que se contempla el paso de varias actividades, fundamentalmente en los servicios, de manos del Estado a cooperativas, como ya se experimentó en barberías y peluquerías.
“Hace tiempo habíamos advertido que las condiciones no se habían creado para hacer este proceso tan grande, o sea que tampoco se puede desestimar la posibilidad de que se apliquen correcciones”, dijo a la AFP el economista disidente Oscar Espinosa Chepe.
El propio Raúl Castro reconoció: “El avance del proceso de desplazamiento laboral dependerá de nuestra capacidad para crear las condiciones organizativas y legales que garanticen su éxito”.
Según Granma, hasta el 7 de febrero se celebraron 127.113 asambleas, en las que participaron siete millones de personas, las cuales realizaron 2,3 millones de intervenciones, que se resumen en más de 600.000 propuestas de “supresiones, adiciones, modificaciones, dudas y preocupaciones”.
El gobierno de Castro presentó en octubre del año pasado sus planes para reducir las plantillas infladas que caracterizan a muchas empresas estatales, aunque hasta el momento no se han producido los despidos masivos previstos.
Para compensar la reducción de empleos estatales, las autoridades cubanas aprobaron a finales de 2010 leyes para ampliar la iniciativa privada, que permiten a los cubanos fundar pequeños negocios particulares en 178 profesiones diferentes.
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