El cierre de más de 900 servicios, que iría de la mano con 1500 despidos, aniquila a un organismo emblema en la región para el sector industrial. Los riesgos económicos y de salud para la población. Y por qué esta intención del Gobierno es un favor al sector privado
«El motor de la industria argentina en riesgo». Así resumen los casi 2400 trabajadores que integran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) el proceso de desmantelamiento del organismo, y las consecuencias que pueden implicar la falta de servicios y de controles, en un espectro enorme de la productividad nacional, que va desde alimentos como la miel hasta materiales para la construcción y cascos de motos.
A diciembre de 2023 el INTI tenía 3100 empleados registrados. Echaron y se fueron expulsados más de 700. Y ahora puede ocurrir lo propio con otros 1500, según el anticipo del Gobierno nacional de que darán de baja 900 servicios, que implicarán el cese de contratos. Sería el golpe mortal a una institución emblema de todo el continente.
Estos embates contra el INTI impactan en el sector alimentario (el organismo realiza ensayos microbiológicos para detectar salmonella, listeria), en los análisis de calidad de agua y efluentes (metales, potabilidad), en el chequeo de seguridad en materiales eléctricos y de la construcción, y en las áreas de certificaciones oficiales.
Daniel Luna, trabajador del INTI, explicó a la prensa que todos los productos que se comercializan tienen que cumplir con determinadas normas exigidas por organismos reguladores como Anmat, Secretaría de Comercio, Enargas, Senasa, entre otros. A nivel económico, por ejemplo, se empezó a ver en estos días el rechazo a cargamentos agrícolas por encontrarse elementos prohibidos en la Unión Europea.
Además, el INTI posee el único laboratorio capacitado para hacer ensayos de ascensores; capacita a los soldadores que trabajan haciendo los gasoductos que se utilizan en la industria hidrocarburífera y a la mano de obra que se desempeña en el sector de energía nuclear; tiene la potestad de certificar al personal que labora en los talleres aeronáuticos; y realiza la evaluación de envases y embalajes. También realiza controles de seguridad eléctrica, electrónica y de combustibles.
Los trabajadores remarcan que los ensayos del INTI garantizan que los productos que se usan y se consumen en la sociedad sean seguros, auténticos y de calidad. Involucran, por ejemplo, a los cascos de motos, con pruebas de impacto, de penetración, de sistema de retención y de estabilidad y resistencia.
Lo mismo con materiales para la construcción, que implican ensayos de compresión, flexión, de tipo de compuestos y de durabilidad.
Y también la ropa de seguridad de trabajadores ante posibles fuegos. Realizan pruebas de inflamabilidad, resistencia al calor, resistencia al desgarro y resistencia química.
Técnicos y empleados coinciden: «Los ensayos no son un gasto, son una inversión en salud. Cuando se eliminan los controles, los riesgos los asumís vos»
Con la miel surgen alertas no solo sociales o de seguridad, sino incluso económicas, que pueden poner en riesgo las exportaciones. Los cierres de servicios impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, involucran la eliminación de auditorías y certificaciones claves para los tambores de exportación. «Mercados exigentes como la Unión Europea, y más específicamente Alemania, podrían rechazar cargas por falta de trazabilidad». Ya se vio algo similar con cargamentos de carne que tenían «la vaca loca ovina», adjudicada a la falta de control y desmantelamiento de SENASA.
El impacto en el sector de la miel puede ser masivo: es una rama productiva de muchos emprendimientos familiares, cooperativos, pequeños y medianos, compuesto por 22.000 apicultores, especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Hasta hoy la Argentina es el cuarto mayor exportador mundial.
En un comunicado elaborado días atrás, el cuerpo de trabajadores del INTI soslayan que la discontinuidad de los servicios afecta al soporte técnico a la exportación «donde la trazabilidad, la validez metodológica y el respaldo institucional resultan determinantes»; afectan a los servicios asociados a certificaciones y sistemas de calidad; a los ensayos vinculados a procesos de innovación «fundamentales para el desarrollo, validación y escalado de nuevos productos y tecnologías».
Sostienen que la decisión también afecta la participación en el Plan Nacional de Calidad Argentina y a los ensayos acreditados, y remarcan que una proporción significativa de estos servicios (ahora discontinuados) presenta «una oferta limitada, fragmentada o inexistente en el ámbito privado, particularmente cuando se consideran concidiones equivalente de calidad analítica, acreditación, trazabilidad, capacidad de interpretación técnica y cobertura territorial».
Y completan: «El INTI no solo complementa la oferta existente, sino que cubre vacancias críticas del sistema tecnológico, garantizando el acceso del sector productivo a capacidades que, de otro modo, no estarían disponibles o resultarían inaccesibles».
La medida de cierre de áreas de control es similar a la tomada por el gobierno en otros servicios industriales que brindaba el organismo de ciencia y tecnología hasta hace meses como es el de metrología para el sector de combustibles. El organismo científico técnico brindó el servicio de control de las expendedoras de combustibles para todas las estaciones de servicio del país, pero empresas cercanas que brindan el mismo servicio pero con mucha menos calidad de control (y también menos estructura y capacidad de trabajadores) presionaban al gobierno de Milei para quedarse con esa asistencia técnica.
El sector privado celebra el desmantelamiento del INTI, que venía desarrollando desde el Estado los operativos de control con altos estándares de calidad desde hace años. Y además, a un valor por debajo del precio de referencia del mercado, porque la asistencia era para sostener la actividad industrial, buscando el beneficio general del sector productivo.
Ahora, sin el INTI, Lenor quedó con el camino allanado para monopolizar el servicio de control de expendedoras de combustible y ya evalúa aumentar los aranceles que el INTI realizaba a un valor de 25 mil pesos por pico expendedor de combustibles. Desde la firma hablan de un cobro de 75 mil por la misma prestación.
El servicio a bajo costo y de alta calidad le generaba al organismo científico nacional ingresos de entre 3.600 y 4.000 millones de pesos. El sector privado salió a vociferar «competencia desleal», entonces intervino Milei, que subió el arancel del INTI a 100 mil pesos, buscando que eso genere en los usuarios la decisión de pasar al sector privado, pero las estaciones de servicio seguían apostando al INTI, que realizaba 9 de cada 10 certificaciones de las que se realizaban en el país y eso irritó a los laboratorios privados.
Ahí fue que entonces el Gobierno decidió directamente el cierre definitivo del área de metrología del INTI con el servicio incluido, a fines del año pasado, por orden de Caputo y la presión de Lenor en el Ministerio de Economía. Algo similar sucederá ahora con el desmantelamiento del área de alimentos.
En el caso de los alimentos, el listado de controles oficiales incluye desde análisis de aditivos, antioxidantes y edulcorantes hasta estudios de vida útil, perfil sensorial, contenido de cafeína o detección de contaminantes como micotoxinas.
Entre los ensayos que dejarán de prestarse figuran los vinculados a la medición de textura, color y propiedades funcionales de alimentos, así como el análisis de compuestos específicos en carnes, lácteos, aceites, bebidas y productos procesados.
También se suspenden estudios de consumidores y evaluaciones sensoriales, herramientas utilizadas por la industria para validar productos antes de su salida al mercado. En paralelo, se descontinúan controles sobre sustancias como aspartamo, sucralosa o acesulfame K, además de determinaciones sobre antioxidantes y perfiles cromatográficos. Una parte relevante del sistema de validación técnica queda fuera de la órbita estatal.
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