Propone modificaciones en el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas
El Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe remitió a la Legislatura un amplio proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, que propone modificaciones en el Código Procesal Penal, el régimen penitenciario, el sistema de inteligencia y el programa de recompensas.
La iniciativa, firmada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, busca “dotar de mayores herramientas al Estado en la lucha contra el delito”, especialmente frente a fenómenos de criminalidad organizada y violencia compleja.
Entre los principales cambios, el proyecto habilita el interrogatorio policial en etapas iniciales de la investigación y reincorpora la “declaración informativa”, incluso sin presencia obligatoria del defensor en determinados casos.
Además, amplía la posibilidad de realizar juicios penales en rebeldía para imputados que no comparezcan al proceso, aunque contempla la posibilidad de revisión posterior de la condena si el acusado demuestra que desconocía la causa o tuvo impedimentos graves para presentarse.
Otro de los puntos centrales es la ampliación de allanamientos sin orden judicial. La propuesta incorpora supuestos vinculados a homicidios, amenazas, extorsiones y tenencia de armas en contextos de criminalidad organizada o conmoción pública, permitiendo que fiscales ordenen medidas urgentes con control judicial posterior.
El texto también introduce la posibilidad de que fiscales dispongan medidas coercitivas no privativas de libertad mediante decreto fundado, como restricciones de circulación, vigilancia electrónica o prohibiciones de contacto.
En materia penitenciaria, se crea un régimen agravado para internos acusados de ordenar delitos desde la cárcel. Las medidas incluyen aislamiento extremo, suspensión de visitas físicas y control de la correspondencia.
La iniciativa también fortalece las tareas de inteligencia criminal, incorporando expresamente actividades de espionaje digital y acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales, siempre con autorización judicial.
Otro capítulo relevante es la creación de “zonas de intervención policial especial”, que podrán declararse en áreas con altos índices de criminalidad. Allí la Policía tendrá facultades extraordinarias, como controles de acceso, restricciones horarias de circulación, requisas de vehículos y demoras de personas por hasta 48 horas para verificar identidad y motivos de permanencia en la zona.
El proyecto además incorpora el “procedimiento por decreto penal”, inspirado en la legislación alemana, para delitos menores y contravenciones, permitiendo condenas rápidas revisables posteriormente a pedido del acusado.
En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que “no hay garantía efectiva sin capacidad estatal para hacerla cumplir” y plantea que la reforma busca equilibrar garantías individuales, eficacia del sistema penal y protección de la comunidad.
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