Angulo declaró como ex abogado defensor de presos políticos, en el juicio que tiene como principales acusados a los represores Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
En aquella oportunidad, Angulo tuvo a su cargo la defensa, de María Juana González de Baronetto, entre otros, asesinada en un supuesto intento de fuga en la tarde del 11 de octubre de 1976.
Recordó que cuando «iba a presenciar las declaraciones de mi defendida (en los tribunales federales) sentía temor por mi vida, porque sabía lo que le había pasado a otros defensores de presos políticos que tuvieron que exiliarse».
Señaló que en una oportunidad, el secretario penal del desaparecido juez federal, Adolfo Zamboni Ledesma, Carlos Otero Álvarez «me dijo, que por disposición de las Fuerzas Armadas, no podía seguir defendiendo a Baronetto y que se iba a designar un defensor oficial».
Indicó que a partir de esos momentos, «no podía entrar a la cárcel a ver a mis defendidos, porque estaban bajo jurisdicción de los militares».
«En esa época era muy difícil ejercer las defensas porque existía un clima de terror, sabíamos lo que ocurría con colegas que defendían presos políticos», que tuvieron que exiliarse.
Angulo precisó que cuando «uno ingresaba a los tribunales federales era una situación de desazón, de angustia y de temor y el trato era como el de que alguien está entrando al lugar equivocado».
Recordó que el abogado Hugo Leonelli, tuvo que exiliarse en Bolivia, igual que Luis Prol que también tuvo que exiliarse y cuando falleció la madre, no pudo asistir al entierro».
Al respecto precisó:»yo sabía visitar al padre de Prol y me dijo que su esposa tenía una fuerte depresión y se suicidó», también dijo que estaba el caso del letrado Carlos Altamira que «participaba en el Colegio de Abogados y está desaparecido y también fue defensor de presos políticos».
Angulo indicó que recordaba que «caminando por tribunales provinciales, después del golpe de 1976, estuvimos conversando lo interrogué sobre por qué no se iba (del país) y me manifestó que su compromiso era seguirse quedando en Córdoba y después desapareció».
Señaló que en el caso de su defendida, hubo «una comunicación de un militar, que informa al tribunal que como consecuencia de un enfrentamiento entre una patrulla militar y un grupo civil murió Marta González de Baronetto y otros», que después se supo eran Pablo Balustra, Jorge Oscar García, Miguel Ángel Ceballos y Florencio Estevan Díaz.
Posteriormente declaró la ex jueza federal Cristina Garzón de Lascano, que actuó como secretaria civil del desaparecido juez federal Adolfo Zamboni Ledesma y en el mes de febrero de 1976, subrogó la secretaría penal por el pedido de vacaciones del titular de esa área, Carlos Otero Álvarez.
La presencia de la ex magistrada fue solicitada por los abogados de la familia del ex preso político Raúl «Paco» Bauducco, detenido junto a su esposa, Dorys Cafieri en diciembre de 1975 y asesinado en el interior de la Unidad Penitenciaria número 1 (Up1) el 5 de julio de 1976.
Garzón de Lascano señaló que en febrero del 76 «me tocó subrogar la secretaria penal y allí asistí al juez en la indagatoria donde Cafieri de Baudcco, ratifica la declaración efectuada ante la policía y solicita una nueva audiencia para hacer una denuncia sobre unos bienes que le habían sido sustraídos por la policía al momento de su detención y por apremios ilegales».
Relató que a partir de esa solicitud «se fijo una audiencia para el 6 de febrero, pero el 4 se suscita un incidente en los tribunales federales», debido a que ese día «hubo un tiroteo en medio de la declaración del jefe montonero Horacio Mendizábal, quién terminó fugándose del edificio de tribunales».
Luego de lo ocurrido, el juez Zamboni Ledesma «resolvió levantar» las audiencias previstas para esos días y nunca más se realizó la que había solicitado Cafieri para denunciar los apremios ilegales.
Al respecto, los abogados querellantes Miguel Ceballos y Gerardo Batistón, solicitaron precisiones sobre lo que consideraron desprolijidades, debido a que se advirtió que había un interlineado con la frase «apremios ilegales», como si se hubiese agregado con posterioridad.
Cuestionaron que ese interlineado no haya sido «salvado» en esa oportunidad por la secretaria penal, cargo que desempeñaba en ese momento, pero Garzón de Lascano lo atribuyó a una «omisión formal e involuntaria».
Finalmente ante una pregunta realizada por el abogado querellante, Miguel Ceballos, Garzón de Lascano, dijo que «no recordaba que en aquella oportunidad una mujer embarazada de 8 meses -Doris- me haya dicho que había sido torturada».
Tras la declaración de la ex magistrada, el Tribunal Oral Federal número 1 (TOF1), resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9.30, para continuar con la recepción de declaraciones testimoniales.
