A raíz del acuerdo firmado entre Chevron e YPF el 16 de julio último se han escuchado una catarata de reflexiones y opiniones de lo más variadas; algunas voces recordaron que Chevron es la sucesora directa de la Standard Oil de California (Socal), con la cual el segundo gobierno de Perón firmó un precontrato (no ratificado por el Congreso por ley) para la explotación del subsuelo patagónico en mayo de 1955. Sin embargo, pocos se han detenido a comparar ambos acuerdos ni a reflexionar sobre las razones por las que la historia parece repetirse 58 años después.
Perón, en uno de sus libros escrito en el exilio, argumentó la necesidad de la inversión del capital extranjero en la industria hidrocarburífera en la década de los 50 para llevar la extracción de petróleo crudo de 4,8 millones de metros cúbicos hasta llegar al autoabastecimiento en menos de diez años, debido a que “YPF no tiene capacidad organizativa, técnica ni financiera para un esfuerzo de esa naturaleza”; en efecto, en 1955 la Argentina importaba 4,6 millones de metros cúbicos de petróleo y derivados, que representaban casi 203 millones de dólares de aquel tiempo (alrededor del 18 por ciento del total de las importaciones argentinas).
Volviendo al presente, las importaciones de energía (petróleo, gas, sus derivados y electricidad) superarían este año los 12 mil millones de dólares (representando el 17 por ciento de las importaciones totales), luego de casi una década de caída de la producción de petróleo y gas natural, por una multiplicidad de causas. Como vemos, la similitud en las cifras de importación de recursos energéticos son asombrosas, más allá de que el contexto sea diferente. Como diría Giambattista Vico, “corsi e ricorsi”.
Enfocándonos en ambos contratos, el precontrato firmado en 1955 acordaba una locación de servicios (de exploración, extracción y transporte de petróleo crudo) de una subsidiaria local de Socal a YPF, por un monto de 13.500.000 dólares en cuatro años, en un área inmensa (alrededor de 49.800 km2 en Santa Cruz), el contrato sobre dicha área era por cuarenta años, prorrogable a cinco años más. Socal entregaría al Estado el 50 por ciento de las utilidades y entregaría a YPF la totalidad de lo extraído a un precio similar al del barril en Texas (WTI) menos un 5 por ciento. La contratista gozaba de exenciones impositivas y podía importar libre de aranceles los bienes de capital para la actividad minera, también podía rescindir el contrato sin costo alguno, mientras que si el Estado argentino lo hacía debía abonar una indemnización; la jurisdicción legal para diferendos era la argentina.
El acuerdo firmado por YPF con Chevron establece una especie de UTE entre ambas (es decir una sociedad) para la explotación, en un principio, de un área de 20 km2 (sobre un total de 395 km2) de una parte del yacimiento de Vaca Muerta (Neuquén), con una inversión inicial de de 1.240 millones de dólares para perforar más de cien pozos de petróleo y gas natural. En una segunda etapa se perforarían 1.500 pozos hasta alcanzar, en 2017, una producción conjunta de 50.000 barriles diarios de petróleo y 3 millones de metros cúbicos de gas natural, necesitándose como mínimo un total de inversiones por más de 15 mil millones de dólares para esta pequeña área; cifras más que considerables para el sector energético argentino.
Por otra parte, el decreto 929/2013 plantea la libre utilización de los dólares generados por la exportación del 20 por ciento de la producción que se obtenga de estos proyectos de inversión a partir del quinto año; además de que podría remesar divisas libremente por ese porcentaje y no pagaría impuesto a las ganancias ni retenciones a la exportación. Más allá de las interpretaciones políticas de estos últimos aspectos, diversos analistas, juristas y legisladores se preguntan si este acuerdo se encuentra en consonancia con las concesiones realizadas a YPF por la provincia de Neuquén y si entra o no en conflicto con la vetusta ley nacional de hidrocarburos Nº 17.319, de 1967, planteándose nuevamente la confección de una ley que abarque la problemática actual. Además, el acuerdo se rige bajo legislación francesa, no explicándose bien por qué esta concesión de soberanía, a la que lamentablemente nos hemos acostumbrado en los últimos 20 años.
Para concluir, podemos afirmar que luego de casi 60 años la Argentina continúa con un recurrente y cuantioso déficit de ahorro interno de largo plazo que no permite llevar a cabo las cuantiosas inversiones indispensables en sectores vitales de la economía, como transporte, energía, industrias básicas, minería, entre otros. Al no contar con ese volumen de recursos económicos generados internamente se debe recurrir al ahorro externo, representado bajo la forma de endeudamiento externo, o bien como inversión extranjera directa; con la consecuente pérdida de autonomía nacional en términos económicos y políticos, el drenaje de divisas a largo plazo en forma de utilidades o intereses girados al exterior, el costo fiscal por exenciones impositivas, el problema de controlar concesiones públicas y el constante conflicto de lidiar con una lógica empresaria extractivista a la que generalmente le importa poco o nada el desarrollo local y la sustentabilidad del sector energético o minero.
El problema va más allá de si el acuerdo con Chevron es bueno o malo para los intereses del país. Los verdaderos problemas son: ¿cuál es el plan de largo plazo en el sector energético?, ¿qué medidas se toman para llevarlo a cabo?, ¿cuáles son los límites de la participación extranjera? y ¿cuándo podremos desenvolvernos autónomamente en el sector energético, sin depender de financiamiento ni tecnología externa?
Si se pretende ser consecuente con un discurso y un accionar de autonomía económica nacional se debe tener muy en cuenta que esto conlleva costos de bienestar y consumo presentes la historia económica argentina y mundial ha demostrado muchas veces que no se pueden alcanzar una multitud de objetivos económicos ambiciosos sin pagar costos económicos y políticos; mucho menos sin una planificación económica adecuada en sectores estratégicos. La dirigencia política argentina parece no darse cuenta de la enorme tarea por delante, ni querer aprender de la historia.
