Del Frade judicializó el pedido de explicaciones sobre la baja de los homicidios

Este lunes el diputado provincial Carlos Del Frade presentó una denuncia a la que tildó de “política” en el Centro Territorial de Denuncias N° 7, ubicado en Corrientes al 2100. El legislador le había enviado una carta al gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y a su ministro de seguridad Pablo Coccocioni respecto a últimos posicionamientos del gobierno vinculado a seguridad pública, especialmente sobre disminución de los homicidios en Rosario. Le pidió «profundizar en explicaciones» sobre la autenticidad de estos «aparentes resultados», dijo  y sumó algunos rumores que recopiló en los barrios. Habló de la presencia de “reguladores” en el territorio, quienes tendrían una tarea de mediación entre las bandas y la policía.

Del Frade contó en una entrevista a LT 8 que la denuncia la presentó luego de que el ministro Coccocioni le enviará un mensaje de whatsapp el último viernes solicitándole que haga la presentación.

“Ya habíamos presentado un escrito a él (por Coccocioni) y al gobernador (Maximiliano Pullaro) en la Junta Provincial de Seguridad..”, dijo y agregó “..en realidad es una denuncia política, una advertencia de que las cosas se tienen que hacer con mayor transparencia en función de lo que significa tener una seguridad que dure y no un paréntesis en esta disminución de homicidios”, dijo.

Del Frade le pidió al mandatario conocer “de verdad” los motivos que lo reunieron el 31 de julio con el embajador estadounidense Marc Stanley, y la instalación de agentes norteamericanos en la provincia. En la misiva, – el diputado del Frente Amplio por la Soberanía – deslizó como posibilidad “la proliferación de negocios ilegales a la sombra de acuerdos internacionales si el control local no está a la altura”. Como ejemplo, pone Del Frade a la hidrovía Paraná.

Valoró la disminución de casi 60% de los homicidios en el Gran Rosario, pero le requirió al Ejecutivo que «haga público el conjunto de medidas» tomadas para lograr este resultado. «Y denunciar y juzgar a los encargados de hacer las cosas mal y quienes miraron para otro lado», agregó bajo riesgo de que la violencia urbana pueda volver a recrudecer.

Del Frade recordó los asesinatos de los cuatro trabajadores en marzo pasado como represalias instigadas por «un grupo de bandas narcopoliciales barriales» y sumó los últimos episodios de violencia registrados en la barrabrava de Newell’s y el ataque a tiros contra el jefe de la barra de Central, Andrés «Pillín» Bracamonte después del clásico. «Parece mostrar la lucha por un territorio siempre relacionado con bandas narcopoliciales disfrazadas de barrabravas, como una de las tantas divisiones y multiplicaciones de Los Monos», planteó  y advirtió  sobre el peligro de que esa violencia desborde y derrame sobre la ciudad.

«En distintos barrios de la ciudad de Rosario, organizaciones sociales hablan de la presencia de ‘reguladores’ de las grandes bandas narcopoliciales que estuvieron comprando armas para alguna acción a futuro», aseguró.

Y agregó que  los denominados «presos de alto perfil» hasta lo sabido  son sicarios pero no «grandes distribuidores o exportadores de sustancias ilegales». En la periferia «existe la preocupación de que muchos de esos sicarios pueden recuperar la libertad en poco tiempo».

El legislador además habló de la necesidad de investigar y controlar el tráfico en la hidrovía Paraná, incluso “a las empresas navieras y agroportuarias que cargan denuncias de delitos económicos y las salpica el envío de cocaína hacia Europa desde los muelles privados de los departamentos Rosario y San Lorenzo” o compras de terrenos en Pueblo Andino por parte de colombianos que aparecen «con miles de dólares en mano». Y otros episodios conexos “como el decomiso de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto en una propiedad del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, o el puerto seco que funcionaría impune en el cruce de las rutas 34 y A012”

O la compra de celdas por 50 mil pesos en la cárcel de Piñero para presos comunes que en caso contrario duermen en el piso de celdas que ya están ocupadas, maltrato a los familiares que los visitan o comida deficiente, entre otros planteos, según los relatos que dijo pudo recoger el legislador.