La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados entiende que visibilizar los datos volcados en el documento sumado al permanente ofrecimiento de colaboración a todas las autoridades fiscales y judiciales, servirá para generar conciencia sobre la importancia de poner el foco en las armas ilícitas, aunque no sean el centro de una pesquisa
La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación publicó su tercer informe estadístico sobre colaboraciones e investigaciones preliminares que abarca los datos anuales del 2024 y, tiene un apartado, además, con las estadísticas correspondientes al último cuatrimestre del año pasado.
El documento de la unidad fiscal a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, destaca que durante el 2024 prestaron 134 colaboraciones que fueron principalmente requeridas por autoridades fiscales y judiciales con asiento en la provincia de Santa Fe (46,3%), seguidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (32,1%) y la provincia de Buenos Aires (12,7%).
De acuerdo al informe, respecto a la distribución de los pedidos de colaboración por fuero, la brecha entre las colaboraciones prestadas a autoridades con competencia ordinaria respecto a las autoridades federales sigue siendo amplia. El primer fuero requirió 86 colaboraciones (64,2%) en tanto el segundo, 38 (28,4%).
La UFIARM advierte la necesidad de profundizar la difusión de su trabajo en las restantes provincias, “poniendo énfasis en las autoridades judiciales y fiscales con competencia federal”.
El tiempo promedio de respuesta fue de 4,47 días corridos (3,12 en días hábiles), con un 68,7% de respuestas dentro de las primeras 24 horas.
Los pedidos que se resuelven en el mismo día suelen estar relacionados con establecer la situación registral de personas y/o armas de fuego.
Los pedidos que requieren más tiempo están vinculados al análisis de actuaciones, sugerencias de medidas de prueba o evaluaciones registrales complejas.
La UFIARM promueve que las autoridades fiscales y judiciales canalicen a través de la oficina especializada las consultas para mejorar la plataforma fáctica cuando hay material controlado involucrado.
El informe resalta que, aunque algunas colaboraciones son de largo acompañamiento técnico-jurídico, el promedio global de respuesta sigue siendo de menos de cinco días.
El material analizado estuvo en un 60% registrado.
La registración pudo haberse realizado ante la ANMAC al momento de fabricación, importación, reempadronamiento obligatorio (1993) o entrega voluntaria.
Del total registrado, el 84,6% corresponde a usuarios individuales y el 8% a miembros de fuerzas de seguridad.
El 73,2% de las personas compulsadas no estaba inscripta, lo que sugiere hallazgos de material registrado en manos de no inscriptos.
El 54,1% de los usuarios registrados tenía su condición de legítimo usuario vencida.
El 77% de las investigaciones preliminares concluyeron en denuncias/remisiones a órganos con competencia ordinaria, mayormente en la provincia de Buenos Aires.
El 67% de las investigaciones preliminares fueron iniciadas por hechos denunciados por particulares.
El 43% de las denuncias al fuero federal fueron destinadas a la jurisdicción federal, y el 15% a la Capital Federal.
Los cinco delitos ordinarios más representados (73%) fueron: tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas/coacción, entrega ilegal de armas de fuego, portación ilegal de armas de fuego y abuso de armas.
La UFIARM subraya la importancia de investigar el origen de las armas en casos vinculados a criminalidad compleja como narcotráfico y trata de personas.
Señalan que la falta de un tipo penal específico para el tráfico de armas complica la labor investigativa y de prevención.
Durante el tercer cuatrimestre de 2024 (septiembre-diciembre), la UFIARM prestó 51 colaboraciones.
Se recibieron 22 pedidos más que en el primer cuatrimestre y casi la misma cantidad que en el segundo.
La provincia de Santa Fe solicitó el 56,9% de las colaboraciones, seguida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17,6%) y la provincia de Buenos Aires (13,7%).
La unidad también continuó su trabajo en investigaciones dogmáticas y propuestas normativas durante este período.
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