Las empresas competidoras en el cramdown de la agroexportadora fueron acusadas de actuar de manera irregular al ofrecer en su web una opción para que los acreedores revoquen su adhesión a la propuesta presentada por el grupo Grassi. En el proceso judicial, los acreedores pueden votar todas las ofertas
El proceso de salvataje de Vicentín S.A.I.C. sumó un nuevo capítulo de tensión. Este martes se conoció que las firmas Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC) fueron denunciadas por “conducta ilegal y desleal”, a raíz de una maniobra vinculada con la captación de adhesiones a su propuesta de pago dentro del proceso de cramdown que lleva adelante la Justicia comercial.
Según trascendió, en la página web que Molinos Agro y Dreyfus habilitaron para que los acreedores se sumen a su oferta, se incluyó una opción para revocar la conformidad previa que esos mismos acreedores pudieran haber dado a la oferta presentada por su competidor, el grupo Grassi.
La presentación judicial sostiene que esa funcionalidad constituye una acción indebida, ya que puede inducir a confusión o interferir con la libertad de decisión de los acreedores. Desde el entorno del grupo denunciante señalaron que se trata de una práctica “desleal” que altera la transparencia del proceso.
Sin embargo, fuentes cercanas al proceso recordaron que en el marco del cramdown los acreedores pueden votar todas las ofertas, sin que ello implique invalidar sus adhesiones previas, y que la decisión final se computa al cierre del procedimiento, cuando el juez evalúa las mayorías legales.
El caso se inscribe en un escenario de fuerte competencia por quedarse con el control de la agroexportadora, que arrastra una deuda superior a los 1.300 millones de dólares. Mientras el grupo Grassi presentó una propuesta con respaldo de parte de los acreedores comerciales, la alianza Molinos Agro–Dreyfus ofrece un esquema alternativo de pago con participación accionaria y una estructura de financiamiento internacional.
La denuncia agrega un nuevo condimento al tramo final del proceso judicial, donde cada movimiento puede resultar determinante para definir quién se queda con la emblemática cerealera santafesina y bajo qué condiciones se reestructurará su deuda.
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