La denunciante, MA, sostiene que la fiscal ordenó allanamientos y detenciones "arbitrarias, violentas y sin sustento objetivo" en el marco de una investigación que se originó en una "burda denuncia anónima"
Ministerio Público de la Acusación
Una grave denuncia ha sido presentada ante la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario contra una fiscal. La denunciante, MA, sostiene que la fiscal ordenó allanamientos y detenciones «arbitrarias, violentas y sin sustento objetivo» en el marco de una investigación que se originó en una «burda denuncia anónima.»
La presentación, caratulada como de «Gravedad Institucional,» detalla una serie de presuntas irregularidades que habrían vulnerado garantías constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio, el derecho de defensa, y el principio de presunción de inocencia.
Según la denuncia, la Investigación Penal Preparatoria se basó en una denuncia anónima online repleta de datos «inverosímiles.» Entre las inconsistencias mencionadas se encuentran la falta de identificación del denunciante, la mención de una suma exorbitante de un millón de dólares y cuentas bancarias «inexistentes,» y detalles técnicos sobre armas que una persona de a pie no podría conocer. «Resulta llamativo que nada de todo lo expuesto haya sido valorado por la fiscal, quien optó por darle impulso a una investigación con tintes inquisitorios y sin sustento objetivo alguno,» sostiene el escrito.
Los hechos denunciados tuvieron lugar el pasado 10 de septiembre en dos domicilios vinculados a la familia de MA.
En Funes, en el domicilio de la denunciante (64 años y con riesgo cardíaco), un grupo táctico fuertemente armado (con armas largas de guerra) habría irrumpido violentamente, derribando puertas. La denunciante dijo haber sido reducida, arrojada al piso y amenazada con frases como “hacé caso y callate o no la contás,” sufriendo hematomas. Además, acusa a los efectivos de destrozar la vivienda, romper muebles, y hasta defecar y orinar en los baños. En el marco del procedimiento, afirma haber sido coaccionada para entregar la contraseña de su teléfono celular, una violación directa al derecho a no declarar contra sí misma.
El punto central de la denuncia es que la única prueba hallada en los domicilios resultó ser legal. Un arma encontrada de MA estaba a nombre de su hijo, quien se presentó y demostró contar con la Credencial de Legítimo Usuario (CLU) y tener denunciado ese domicilio como lugar de guarda, lo que es plenamente legal.
En el domicilio de su otro hijo, también se encontraron armas debidamente registradas bajo su titularidad y CLU.
A pesar de que los implicados se pusieron a disposición de la Fiscalía, pero de igual manera allanaron y detuvieron a la denunciante, su hijo y la pareja de éste, todos ellos sin antecedentes penales. La denunciante critica que esto evidencia un «orden de justicia totalmente invertido: primero allanar, segundo detener, tercero investigar.»
La denuncia también señala que los agentes de PDI, con el supuesto «aval extralimitado e ilegítimo de la Fiscal» procedieron a la requisa y secuestro de vehículos (incluyendo un viejo Fiat Palio, un Peugeot 504 y una furgón «ambulancia» Renault Master) que se encontraban fuera de los domicilios allanados y sin contar con una orden judicial que lo autorizara.
Los tres detenidos fueron trasladados a la PDI, donde, según el escrito, permanecieron incomunicados por más de 24 horas en calabozos con presos comunes y en condiciones de «total indignidad e insalubridad.»
La Auditoría General de Gestión deberá ahora evaluar la gravedad de las acusaciones de abuso de autoridad e Incumplimiento de deberes contra la Fiscal.
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