Organizaciones acusan al Gobierno nacional de avanzar sin un estudio de impacto ambiental previo. El reclamo apunta a la forma en que se prepara la nueva concesión de la principal vía fluvial del país
Dos grupos ambientalistas denunciaron penalmente a funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) por la audiencia pública convocada para el lunes 3 de noviembre, donde se analizarán los pasos previos a la nueva licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial sostienen que el gobierno avanza con el proceso sin contar con un estudio ambiental completo, como exige la ley. Afirman que los informes presentados solo describen trabajos ya realizados, pero no evalúan los posibles impactos de las futuras obras de dragado y mantenimiento.
Desde el organismo nacional señalan que la audiencia servirá para mostrar los planes de gestión ambiental que se vienen aplicando y responder a observaciones hechas el año pasado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que había frenado una licitación anterior.
El gobierno planea presentar los nuevos pliegos de concesión a mediados de noviembre. Según se anticipó, el dragado se licitaría sin un estudio ambiental previo, y el adjudicatario debería realizarlo antes de cada obra, con la aprobación del Estado.
Especialistas advierten que este método podría generar conflictos legales, ya que las normas nacionales y provinciales exigen que los estudios ambientales estén listos antes de adjudicar una licitación.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es la principal ruta de salida de las exportaciones argentinas. Por su importancia económica y ambiental, distintos sectores reclaman que cualquier obra sobre el sistema fluvial se haga con controles rigurosos y con participación pública real.
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