Una causa penal contra una supuesta asociación ilícita salpica a un conocido escribano condenado por estafa y a un abogado. La fiscal Guillermina Aiello investiga la maniobra, que incluye una presentación por amenazas. Pidieron el cese de estado antijurídico para frenar el desalojo inminente sobre tierras habitadas desde hace más de 35 años en barrio Nuevo Alberdi
Una grave denuncia penal sacude por estos días el ámbito judicial rosarino y pone de relieve la tensión entre el negocio inmobiliario y los derechos de familias vulnerables en la zona noroeste de la ciudad. Fabiana Julia Vedia, en representación de su familia y de los vecinos del predio, formalizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para apuntar contra cinco personas por los delitos de asociación ilícita, estafa procesal, falsificación de documento público y amenazas coactivas.
La causa recayó en el despacho de la fiscal Dra. Guillermina Aiello, quien ya acumula otra denuncia previa vinculada con el mismo conflicto de tierras en el barrio Nuevo Alberdi.
La acusación apunta directamente contra Sebastián B., el abogado Gustavo B., el escribano Eduardo Martín Torres y Rómulo José Zérbola. Según acusa el escrito, la maniobra pudo haber tenido como objetivo apoderarse mediante documentación fraudulenta de un predio de más de 56.000 metros cuadrados ubicado en la sección 13 del barrio, donde actualmente conviven cinco familias desde 1989.
Un conflicto con historia y documentos cruzados
La disputa por los lotes 11, 12 y 13 se remonta a 1999, cuando la familia Gómez —que habita y trabaja la tierra desde hace más de tres décadas tras adquirirla mediante un boleto de compraventa a Rómulo Luis Zerbola— inició un juicio de usucapión para regularizar la titularidad del inmueble.
Sin embargo, en paralelo irrumpió en el escenario judicial Sebastián B. reclamando la propiedad mediante una acción de reivindicación, surge del escrito. Su pretensión se basó en una escritura pública otorgada por el escribano Eduardo Martín Torres en 1999, la cual utilizaba un poder especial de un homónimo: Rómulo José Zerbola.
El dato no es menor: el escribano Torres ya cuenta con una condena previa a 12 años de prisión por su participación en la emblemática causa de la Megaestafa Inmobiliaria de Rosario.
Aunque la Justicia Civil de primera instancia falló a favor de los ocupantes históricos, reconociendo la prescripción adquisitiva, en octubre de 2021 la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial revocó la sentencia y ordenó el desalojo de los terrenos, basándose en la documentación que hoy la defensa penal tilda de apócrifa.
Amenazas y familias en riesgo
La situación se tornó crítica en las últimas semanas. Según denunció Vedia, el pasado 26 de agosto tres hombres a bordo de dos vehículos se presentaron en el predio. La denunciante identificó al abogado acusado entre ellos, quien según acusa fue quien la amedrentó directamente: «Les queda poco acá… váyanse, que si no los vamos a cagar a tiros». A mediados de septiembre, se registró un nuevo ingreso sin autorización para inspeccionar las viviendas, lo que obligó a convocar a la policía a través del 911, sostiene la denuncia.
En las cinco viviendas construidas en el lote residen más de una docena de personas, entre niños y adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran Sabino Raúl Gómez y Cristóbal Gómez, querellantes originales en la usucapión, quienes hoy padecen severos cuadros de deterioro cognitivo y demencia certificados por el Pami y el Consultorio Médico Forense, lo que les impide comprender las alternativas del litigio, reza el escrito.
Solicitud de medidas urgentes al MPA
Frente a la inminencia de la orden de lanzamiento, el patrocinio técnico de las familias, encabezado por el abogado Agustín Ferrari, solicitó formalmente el cese de estado antijurídico para congelar cualquier intento de desalojo impulsado desde el fuero civil hasta tanto la investigación penal determine la falsedad de los títulos expuestos.
Acerca de la gravedad institucional del caso, Ferrari sostuvo que este tipo de coyunturas marcan el rol de las instituciones: «Son estos los momentos donde el Ministerio Público de la Acusación debe decidir si está del lado de los vulnerables o del establishment», remarcó el letrado.
Además del cese de estado antijurídico para detener el desalojo, la presentación exige la fijación de una prohibición de acercamiento para todos los denunciados y la pronta citación a audiencia imputativa para evaluar las responsabilidades penales del grupo acusado.
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