En medio del clima de tensión y amedrentamiento oficial desatado contra actividades académicas y sindicales vinculadas con la causa palestina en Rosario, la Justicia federal dio un nuevo paso que encendió todas las alarmas en el arco social y de Derechos Humanos de la ciudad: un operativo de allanamiento fue ejecutado en el domicilio de Mariano Soria, militante de la Asamblea por Palestina.
El procedimiento se da en el marco de una causa penal abierta tras una jornada pública realizada meses atrás en la sede del sindicato ATE Rosario, donde se denunció la situación de los prisioneros palestinos y el genocidio en la Franja de Gaza. En aquella oportunidad, la irrupción de fuerzas policiales provinciales obligó a interrumpir la actividad y colocó a Soria en el foco mediático por dar declaraciones públicas en repudio a la presencia de uniformados santafesinos.
Según denunciaron desde la Asamblea por Palestina, durante el allanamiento los efectivos fotografiaron publicaciones gráficas y revistas que abordan el conflicto en Medio Oriente y secuestraron pertenencias personales del militante, entre ellas su teléfono celular y su motocicleta. Aunque no quedó detenido, Soria enfrenta acusaciones penales que incluyen figuras desproporcionadas como «terrorismo», «incitación a la discriminación» y «antisemitismo», denunciaron organismos de DDHH y gremiales.
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Un hilo conductor que alarma al ámbito local
Desde las organizaciones denunciantes remarcan que la medida judicial no puede analizarse como un hecho aislado. Se inserta en un contexto de fuerte presión e intimidación política que sumó en las últimas semanas otro hito en la ciudad: el pedido de informes del gobierno nacional a la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tras la proyección del documental “La Gran Palestina” en la Facultad de Humanidades y Artes, tildada por funcionarios de la Casa Rosada y por el propio presidente Javier Milei como «propaganda terrorista».
Aquel episodio derivó en el anuncio de un sumario e investigación interna por parte del rectorado de la UNR, postura que fue duramente cuestionada por el gremio docente rosarino Coad, el cual advirtió que no tolerará el ejercicio de una «policía del pensamiento» ni el disciplinamiento de la comunidad universitaria.
«El uso de carátulas tan graves como «terrorismo» para perseguir a quienes participan de charlas públicas o difunden material de denuncia sobre la situación en Gaza busca generar un efecto paralizante sobre la militancia y las instituciones», expresaron referentes del espacio. Asimismo, advirtieron que el secuestro de herramientas de trabajo y transporte personal funciona en los hechos como un «castigo anticipado» sin condena ni justificación probatoria.
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Exigen el archivo de la causa
Frente al procedimiento contra Soria, distintas organizaciones sindicales, estudiantiles y de Derechos Humanos de Rosario comenzaron a articular una respuesta unificada. Entre los reclamos urgentes exigen la restitución inmediata de los elementos secuestrados, el cese del hostigamiento judicial y el archivo definitivo de las actuaciones penales.
«Levantar la voz y denunciar las violaciones a los Derechos Humanos en Gaza no es un delito. Exigimos que se garantice el derecho a la libre expresión y que cese la persecución contra militantes, docentes y estudiantes en nuestra ciudad», concluyeron.
