Es el que trata sobre prisiones preventivas en causas de lesa humanidad
Diversos organismos de derechos humanos repudiaron el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló la prórroga de la prisión preventiva del represor Carlos “Indio” Castillo, y advirtieron que la decisión constituye un nuevo retroceso en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El pronunciamiento lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, la Asociación Buena Memoria, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otros organismos históricos.
Las entidades apuntaron contra los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz —a quienes recordaron como “responsables del 2×1 para genocidas”— y los conjueces Abel Sánchez Torres y Alejandro Tazza, quienes firmaron el fallo que benefició a Castillo, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.
“El Poder Judicial tiene el deber de garantizar que los crímenes de lesa humanidad no queden impunes y que los genocidas no obstaculicen las investigaciones”, señalaron los organismos, al advertir que los represores “mantienen pactos de silencio que impiden conocer el destino de los desaparecidos y de las víctimas del plan sistemático de robo de bebés”, indicaron.
Asimismo, recordaron que más de un centenar de represores se fugaron desde la reapertura de los juicios y que “mientras la Corte limita las prisiones preventivas de los genocidas, casi la mitad de la población carcelaria permanece detenida sin condena firme en condiciones de hacinamiento”.
El comunicado también vinculó el fallo con la política del gobierno de Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quienes acusaron de impulsar “un plan para otorgar beneficios y poner fin a los juicios por delitos de lesa humanidad”.
“A casi 50 años de los crímenes del terrorismo de Estado, exigimos un Poder Judicial a la altura de su responsabilidad histórica”, concluyeron los organismos.
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