Lo definió en voto dividido la Cámara de Casación, máximo tribunal penal. El fuero federal porteño es donde los acusados pidieron que se vuelque la investigación, un ámbito que otrora les fue afín y en el que ahora dirimirán sus destinos judiciales
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió hoy, por dos votos a uno, que las causas por espionaje ilegal en el gobierno de Cambiemos que se investigan en el Juzgado federal de Lomas de Zamora pasen a tramitarse en los tribunales porteños de Comodoro Py 2002.
El fallo del máximo tribunal penal federal del país se tomó en dos causas que hasta ahora tramitaban en el juzgado que conduce Juan Pablo Augé.
Una de ellas investiga el espionaje ilegal al Instituto Patria y a la ex presidenta, actual vice, Cristina Fernández. La otra, por el mismo delito pero con políticos, dirigentes opositores y detenidos en cárceles por causas de corrupción como blancos.
Casación hizo lugar así a planteos de acusados en la causa, como el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y su ex segunda Silvia Majdalani.
La decisión se tomó con los votos de Borinsky y Carbajo con la disidencia de la camarista Angela Ledesma, quien se pronunció en minoría a favor de que las causas continúen su trámite en el fuero federal de Lomas de Zamora.
En el fallo se remarcó que la resolución del conflicto de competencia entre los tribunales de Lomas de Zamora y la ciudad de Buenos Aires «no implica invalidar lo ya actuado ni retrotraer la causa a etapas ya superadas».
El nuevo juez del caso deberá resolver situaciones procesales de Arribas y Majdalani, entre otros, ya indagados por Augé.
En esa línea, Casación convalidó allanamientos hechos por el juez de Lomas al domicilio de Nieto, que habían sido cuestionados por su defensa.
A la hora de justificar su decisión, Borinsky y Carbajo sostuvieron que «el núcleo del espionaje ilegal investigado» habría sido la ciudad de Buenos Aires.
«De la descripción de la plataforma fáctica del caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, sede de la AFI y de los domicilios supuestamente espiados», con algunas ramificaciones en el conurbano bonaerense.
Al ser citados a indagatoria, tanto Arribas como la también acusada ex subdirectora de la AFI se negaron a responder preguntas por considerar que Augé no era el juez natural del caso, que según ellos debía investigarse en la justicia porteña.
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