La iniciativa apunta a que todas las escuelas primarias de jornada simple en el país deben sumar una hora más de clase por día. Junto a otros gremios exigieron convocar a una Paritaria Nacional Docente “antes de discutir cualquier reforma que el Gobierno esté pensando"
El secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Roberto Baradel, se manifestó en contra de la extensión de la jornada escolar presentada por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, el martes pasado. “Implica una sobrecarga del trabajo docente”, se quejó el gremialista.
La iniciativa apunta a que todas las escuelas primarias de jornada simple en el país deben sumar una hora más de clase por día. De este modo, la carga horaria por turno para el 86% de los alumnos pasaría a ser de 4 a 5 horas; lo que eleva el total semanal a 25 horas, en lugar de las 20 actuales.
Dicha propuesta será convalidada por las 24 jurisdicciones el viernes próximo, cuando el Consejo Federal de Educación (CFE) se reúna en Tierra del Fuego. Hasta el momento, la implementación del nuevo esquema no tiene fecha aunque se espera que proceda a ser aplicado este año.
A través de un comunicado que lleva las firmas de Baradel, la secretaria general Sonia Alesso y el secretario de Educación, Miguel Duhalde, el gremio de docentes manifestó su repudio a la “decisión unilateral” tomada desde el gobierno de Alberto Fernández. “Ante las noticias difundidas por los medios de comunicación sobre la decisión unilateral del Ministerio de Educación Nacional referidas a la modificación de la jornada escolar de la educación primaria, desde CTERA planteamos el rechazo de toda modificación del sistema educativo”, afirma la misiva.
Y agregó: “Nos expresamos en contra de cualquier medida que implique una vulneración de los derechos laborales de cualquiera de nuestros maestros, implique una sobrecarga en el trabajo docente y/o no esté orientada hacia la cualificación del sistema educativo argentino”.
“Hay que tener en consideración también que la nueva disposición afecta la organización institucional de las escuelas, las condiciones laborales y los derechos adquiridos”, insistieron en otro texto. Y plantea que “es necesario que la inversión educativa esté prioritariamente destinada a resolver las desigualdades entre jurisdicciones”.
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