Esa es la teoría fiscal. La sospechosa, que vive en USA monitoreaba a la víctima a través de 16 cámaras de seguridad. La víctima llegó a la casa 22 años atrás cuando tenía apenas 14 años
La víctima tiene 37 años y fue captada en su provincia natal en Corrientes cuando tenía 14 años. Llegó a Rosario en 2003 con la promesa de estudiar y prestar algunas tareas domesticas en una casa ubicada en barrio Martin, pero fue reducida a la servidumbre durante 22 años. El viernes la hija de la dueña de casa, que vive en Estados Unidos y monitoreaba la propiedad a través de 16 cámaras de seguridad fue imputada.
La chica era oriunda de Tres Bocas, Corrientes, y vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad económica y social cuando fue captada. Huérfana de padre, su madre a cargo de 9 hijos confió en la promesa de que en Rosario tendría una mejor calidad de vida y “la posibilidad de estudiar, de ser maestra o abogada”. Un familiar cercano de los captores, ya fallecida, llevó a la madre a firmar a una escribanía y se llevó a la niña, contó el portal Fiscales.gob.ar
Una vez en Rosario, nunca fue escolarizada y fue sometida a realizar tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y de elaboración y cocción de comidas. También otras relativas a la preservación de la vivienda, administración de pagos de servicios, compras cotidianas de alimentos. Además asistía personalmente y acompañaba a J.E.G.S. madre de la imputada. Todo ello a cambio de un lugar para vivir, comida y algo de ropa, sin que se le abonara ninguna contraprestación por sus labores.
Según las fiscales, las tareas que realizó la víctima durante 22 años fueron en jornadas completas, sin retiro de la casa ni recibir ningún tipo de remuneración por sus servicios, sin descansos, vacaciones ni aguinaldos y con ausencia total de aportes previsionales y cobertura de salud, según Fiscales.gob.ar
En octubre de este año tras un allanamiento realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal (PFA) y con la intervención del Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, la víctima fue rescatada.
Este viernes, la sospechosa identificada con las iniciales E. S.S. que reside en Los Ángeles, fue imputada por la fiscal de la Unidad Fiscal Rosario Adriana Saccone. También por las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos.
La sindicación fue ante el juez Román Lanzón por el delito de trata de personas con finalidad de reducción a la servidumbre en la modalidad de acogimiento, doblemente agravado por haberlo hecho en abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación, en perjuicio de la víctima, refirió el portal.
Para la fiscalía federal la sospechosa redujo a la servidumbre a la víctima entre julio del 2022 y octubre del 2025 ya que desde esa fecha “subrogó el lugar de su madre” -también investigada en el legajo fiscal.
En lo que respecta al control de todo lo que sucedía en el interior del domicilio, se valía de 16 cámaras de seguridad y de un dispositivo móvil entregado a la víctima. De ese modo, continuó la explotación y garantizó su permanencia durante ese lapso de tiempo, refirió el portal.
Las fiscales explicaron que se trata de un delito “de ejecución continuada con una misma matriz de explotación que se extendió por 22 años”, hasta el 2 de octubre, cuando cesó la situación tras la intervención de las autoridades.
Si bien la fiscalía no le achaca a la imputada los 22 años de servidumbre entendieron que tuvo la posibilidad de terminar con esta situación y lo preservó porque también le genera un beneficio, le reporta utilidad”, señalaron las fiscales en la audiencia.
La víctima estuvo representada por las defensoras públicas Rosana Gambacorta y María Belén Penisi, y contó con el acompañamiento interdisciplinario de la psicóloga Evangelina Sovrán y el antropólogo José Rubio, ambos del Área de Atención a Víctimas de la unidad fiscal, a cargo del fiscal Andrés Montefeltro.
El magistrado Lanzón resaltó la extrema gravedad de los hechos imputados. Sumó la existencia de indicadores de explotación y de la totalidad de pautas de vulnerabilidad de la víctima reconocidas en instrumentos internacionales.
A su vez dispuso en el transcurso de un año una serie de medidas cautelares no privativas de la libertad, entre las que se destacan: fijar domicilio; firma mensual en el consulado argentino más cercano a su domicilio; promesa de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto, sea personal o a través de medios electrónicos con relación a la víctima, así como también con cualquier persona allegada a ésta, en particular a su hermana y vecinos del domicilio de la calle Montevideo.
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