La inaudita delegación legislativa le permitió al Ejecutivo dictar 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025. Entre ellas, 75 DNUs y 82 decretos delegados. El desmantelamiento estatal se apoyó también en el DNU 70/23, que todavía rige porque el Congreso nunca lo trató
Este martes a las 23.59 vencen las atribuciones especiales (superpoderes sin control) que el Congreso le cedió al Poder Ejecutivo mediante la ley Bases. Antes de eso, el Gobierno aceleró el desmantelamiento de varios organismos estales bajo la figura de disoluciones o reestructuraciones. Y el miércoles, Día de la Independencia, hará una «fiesta» para celebrar el repliegue público de funciones estratégicas. El agasajado será el ministro de Reestructuración, Federico Sturzenegger.
Antes de la fiesta para 200 personas que se realizará en Casa Rosada, la noche de este martes el presidente Javier Milei leerá un discurso desde Tucumán que se difundirá por cadena nacional.
Sobre el filo del año que tenía para obrar sin control parlamentario, cedido por el mismo Congreso, el Gobierno apuró el desmantelamiento a sabiendas de que los tiempos que vienen no serán tan fáciles para continuar con el retiro de las responsabilidades estatales. Así, digitó un nuevo recorte al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), fusionó los entes reguladores de energía, ENRE, y de gas, Enargas. Y sobre el final, disolvió Vialidad Nacional junto a otros organismos de transporte.
El avance sobre las capacidades tecnológicas y científicas del país, en apoyo de la producción nacional y de la sociedad, lo completó con la reestructuración de siete organismos estatales. Entre ellos, los estratégicos INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y el INTA (análogo para el sector agropecuario).
La Ley Bases habilitó una delegación legislativa inédita. Por ella, el Ejecutivo dictó 157 normas con rango de ley entre el 10 de diciembre de 2023 y el 4 de julio de 2025. Entre ellas, 75 DNU y 82 decretos delegados, de los cuales 61 se apoyan en el Título II de la Ley Bases. El desmantelamiento estatales se apoyó también en el DNU 70/23, que todavía rige porque el Congreso nunca lo trató.
La supresión de entes vinculados a obra pública, eliminación de políticas de promoción de distintos sectores y repliegue del Estado de sus funciones compensadoras de las inequidades del mercado fueron la regla.
Entre otras disoluciones, se cuentan las del Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable, la transformación de la AFIP en ARCA con relajamiento de facultades, la baja del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) que diseñaba y financiaba obras en las provincias.
Varios programas nacionales, bajo el mismo paraguas, fueron eliminados. Entre ellos, el de Inversiones Turísticas y el de Apoyo al Empresariado Joven. Se disolvieron, a la vez, numerosos regímenes de promoción de ganadería ovina y llamas, ganadería bovina de zonas áridas y producción algodonera.
La disolución de fondos fiduciarios afectó programas vinculados a viviendas y hábitat (PROCREAR, Plan de Vivienda Social, construcción de viviendas de fuerzas policiales y el de Integración Socio Urbana). Lo propio se hizo con fondos para la promoción tecnológica y científica.
También se eliminó el Fondo Nacional de Emergencias (destinado a hacer frente a catástrofes como las inundaciones en Bahía Blanca o el norte de la PBA de este año, o los incendios forestales en la Patagonia. La misma suerte corrió el Fondo Fiduciario PROGRESAR, el de Asistencia Directa a Víctimas de Trata y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura familiar.
Como el Gobierno se manejó, también habilitado explícita o tácitamente por el Congreso, con dos Presupuestos Nacionales consecutivos prorrogados, con lo cual podía disponer a gusto y sin necesidad de atender obligaciones específicas, la gran duda es a dónde destinó el dinero de los fondos, fideicomisos y programas eliminados.
En la misma línea del mega DNU 70/2023, el Gobierno dictó otros que avanzaron en la liberalización de sectores estratégicos. Por caso, el reciente 446/2025 por el que se elimina regulación de precios en garrafas, el 304/2024 que hace lo propio con las TICs y la telefonía móvil, el 338/2025 que desregula la navegación aerocomercial y el 340/2025 que hace lo mismo con la marina mercante.
Otra desregulación, también peligrosa, es la del Decreto 103/2025 y 397/2025, que facilitan la tenencia de armas semiautomáticas.
La reglamentación de la Ley Bases estableció los mecanismos para avanzar con la enajenación total, parcial o mediante concesiones de numerosas empresas públicas.
La lista incluye a ENARSA, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE, finalmente cerrada), Corredores Viales y la estratégica Nucleoeléctrica Argentina SA. También, el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético operado por Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La única privatización, rodeada de controversias, fue la de la empresa IMPSA, de destacado papel en grandes construcciones que requieren alta tecnología, como turbinas y otros desarrollos energéticos.
Sin embargo, este caso fue por fuera de la Ley Bases, debido a que la firma tenía participación accionaria de la provincia de Mendoza.
La enajenación fue concretada en febrero de 2025. Quedó en manos de la compañía estadounidense ARC Energy. La misma que había contratado a IMPSA para la construcción de puentes grúa destinados a la Armada de Estados Unidos por medio de un contrato por el que se adelantaron 120 millones de dólares.
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